Curundú es un claro ejemplo de que se puede invertir en viviendas

Las cifras de inmuebles condenados han bajado respecto a años anteriores, reflejan datos actualizados de la Contraloría General de la República.

Tras el censo general del 2010, las autoridades detectaron 8,704 casas bajo esta condición, dice un informe de esa institución. Esta disminución se debió al impulso habitacional llevado a cabo por el gobierno anterior, cuenta la exministra de Vivienda Yasmina Pimentel.

“El último gobierno apoyó muchísimos proyectos habitacionales que cambiaron la cara de barrios y les devolvieron la dignidad a cientos de personas”.

Si restamos esa cifra a las 271 casas condenadas que en la actualidad están de pie, los números indican que la pasada administración logró acabar con 8,433 casas condenadas, eso representa casi el 80% del total de inmuebles inhabitables en el país.

Un claro ejemplo del interés durante los 5 años de Cambio Democrático (CD) fue la renovación de Curundú, un barrio marginal considerado el peor y uno de los más peligrosos del país.

En ese proyecto se invirtieron más de 83 millones de dólares y se benefició a 5,000 personas que ahora tienen una vivienda digna y que a su vez aportan al funcionamiento del Estado al pagar los servicios de agua, luz o cable por TV.

Aquellos días en los que había que cruzar sobre tablones podridos acabaron, según cuenta Yanina Gutiérrez, luego de la entrega de los últimos apartamentos de este plan piloto residencial en abril del año pasado. “Tú no te imaginas lo que era caminar por tablas viejas. Si caías, te golpeabas, y lo que te esperaba abajo era excremento”, relata la mujer que muestra orgullosamente la llave de su pieza y un papel que evidencia su pago de hipoteca. “Yo pago mis 50 dólares al mes, qué más quiero, prefiero vivir aquí antes que irme a La Chorrera y pagar más caro”.

Ahora le toca al gobierno de Juan Carlos Varela continuar con el proyecto social, a través de su ministro de Vivienda, Gabriel Etchelecu. Para ello, Varela anunció recientemente que pretende aumentar de $5,000 a $10,000 el bono que otorga el Estado a personas de bajos recursos que quieran adquirir viviendas de hasta $35,000.