Falta de recursos incide en más dificultades para condenar a imputados

De cada 10 audiencias que se realizan en el primer distrito judicial de Panamá, el Ministerio Público pierde seis, es decir, que terminan con la absolución de los imputados.

Se trata de una estadística elaborada por los fiscales superiores de esta jurisdicción del país, sobre las audiencias realizadas desde el mes de octubre de 2014 a mayo de este año.

Los resultados son poco alentadores si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, cuando el promedio de condenas era de 50%.

El panorama es más preocupante porque el próximo año debe entrar en vigencia el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en esta jurisdicción del país, donde la demanda es mayor, debido a que se trata de las provincias de Panamá y Colón, donde hay una alta concentración de la población.

La fiscal Geomara de Jones reconoció que es un reto muy grande que le espera por delante y considera que para ello se requiere de presupuesto para dotar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) de mayores recursos para la recolección de pruebas.

La fiscal Jones explica que gran parte de las dificultades que están enfrentando es que la mayor cantidad de los homicidios están relacionados con el crimen organizado y las pandillas, y detalla que ello representa el 80%.

Luis Martínez, fiscal segundo superior, encargado de los casos de homicidio en el distrito de San Miguelito, secunda esa teoría y va más allá. Dice que estos grupos cada vez perfeccionan su accionar que no dejan casi huellas en las escenas del crimen.

Delitos

Panamá Oeste 

Adolfo Pineda, fiscal séptimo superior, encargado de las investigaciones en la provincia de Panamá Oeste, reconoce que el traslado de las pandillas hacia este sector del país ha provocado el incremento de los casos de homicidios. Por esta razón, cuando los cabecillas de pandillas son detenidos, los crímenes se reducen.

Detención preventiva 

El fiscal segundo superior, Luis Martínez, explicó que no se puede confundir la detención preventiva como un caso resuelto, ya que con esta medida cautelar lo que se busca es que las personas no oculten pruebas, se den a la fuga o intimiden a testigos. 

Narró que ha tenido expedientes por los que no ha dictado detención preventiva y se ha logrado la sentencia condenatoria de los imputados.

 Por eso es la importancia de dotar a los funcionarios del Imelcf de mayores recursos, comentó la fiscal Geomara de Jones.

Martínez dice que la única salida al problema es la figura del testigo protegido, pero reconoce que la ayuda es a medias, porque cuando llegan al juicio, las personas se retractan.

“Tienen temor o por alguna razón ajena a la voluntad que tuvieron en un principio, no les permiten colaborar en un juicio, que es de fundamental importancia para que se pueda conseguir los resultados en un proceso”, dijo Martínez.

Como ejemplo, las fiscales segunda y quinta superior han llevado a los tribunales las 37 investigaciones por homicidio, de las cuales solo en 10 se ha podido solicitar llamamiento a juicio.

En el resto de los casos han terminado con un sobreseimiento.