Hasta $10 mil en sanción por ataques en campaña

Atacar o descalificar sin fundamento a un aspirante a puesto de elección popular durante el periodo de campaña implica sanciones económicas de entre $50 y $10,000, establecidas por el Tribunal Electoral (TE), dependiendo de las circunstancias del caso y de dónde provino el ataque.

Muchos ciudadanos que de manera irresponsable se suman a campañas sucias, sobre todo en redes sociales, desconocen las consecuencias que pueden causarles esta mala práctica.

Sin embargo, el desconocimiento de la norma no libra al infractor de las sanciones claramente establecidas en las disposiciones electorales vigentes.

Al otro lado de la moneda está la omisión de acciones de reclamo -quizás también por ignorancia- por parte de las personas ofendidas, lo que ha permitido que sigan gravitando en redes campañas de ataques y descalificaciones, con un ropaje de impunidad aparente.

No obstante, en materia electoral, el artículo 494 del Código Electoral fija sanciones por campaña sucia de $50 a 1,000 dólares para personas naturales.

Y para las empresas y medios de comunicación que violen la normativa: de $1,000 a $10,000.

Previamente, el numeral 4 del Artículo 235 del Código Electoral define campaña sucia como "la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes".

Pero con frecuencia los "tribunales" de campañas en redes sociales de Panamá han sido los call centers políticos o cadenas anónimas de mensajes que incluso promueven situaciones que pueden ser consideradas como violencia, atentando contra el desarrollo normal -por ahora- de elecciones primarias.

Recientemente, el propio Tribunal Electoral denunció un supuesto call center peruano con inclinación a apoyar la campaña del candidato del PRD, Laurentino Cortizo, que a su vez atacaba con descalificaciones al precandidato presidencial del Partido Panameñista José Blandón.

Y a finales de septiembre, el Tribunal Electoral recomendó a los partidos políticos, candidatos y precandidatos para las próximas elecciones, cambiar sus contraseñas de cuentas oficiales, luego de una falla de seguridad reportada por la red social Facebook.

El TE reconoce que en política criolla, el anonimato del ciberespacio se ha tornado en un "campo de batalla en que predomina la falta de tolerancia, el abuso y las descalificaciones que tanto daño le hacen a nuestra democracia".

Para contrarrestar esto promueve entre todos los actores involucrados la firma del Pacto Ético Digital.

Pero Osman Valdés, director Nacional de Organización Electoral, explica que "como su propio nombre lo indica, estamos ante un compromiso solo de carácter moral, que estimula a la autorregulación de los usuarios de redes sociales y no constituye un instrumento legal".

A su vez, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery resalta la importancia de la autorregulación, aunque advierte que debe ser complementada con las respectivas denuncias.

"Cualquiera persona que se vea afectada, que se considere que es ilegalmente atacada, o que se usa su imagen sin su permiso, tiene derecho a venir al TE y pedir que esa propaganda o mensaje se saque del aire [o ciberespacio]", afirmó.