Migración incontrolable amenaza seguridad del país

El presidente Juan Carlos Varela prometió en campaña que sustituiría las ferias de regulación migratoria (Crisol de Razas) por un sistema mejorado.

Dos años después, no solo incumple esa promesa, sino que su gestión intenta imponer un programa migratorio que ya ha sido catalogado como "inconstitucional" por el Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Se trata del Decreto Ejecutivo 167 del 3 de junio de 2016, que establece el Procedimiento de Regularización Migratoria General.

"Yo lo veo simple y llanamente igual al programa anterior. Incluso, utilizan el mismo asidero jurídico para prolongar la permanencia de extranjeros", expresó Alfonso Fraguela, del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG).

La diputada y abogada Zulay Rodríguez agrega que con este decreto, el presidente Juan Carlos Varela "no cumple con su promesa de campaña de eliminar el Crisol de Razas y tampoco permite que avance en la Asamblea una ley que aborde este tema en su justa medida".

Las diferencias más notables con relación a las anteriores jornadas de Crisol de Razas serían que ahora los extranjeros deberán mostrar constancia de afiliación a la Caja de Seguro Social (lo que no los convierte necesariamente en cotizantes) o declarar impuesto sobre la renta (que tampoco quiere decir que estén pagando dicho impuesto).

El nuevo programa entrega un carné temporal, emitido por un periodo de dos años.

Los montos para estos servicios migratorios quedan establecidos de la siguiente forma: $500 para nacionalidad con acuerdo de supresión de visado (la mayoría de los países de la región); $1,000 para nacionalidad sin acuerdo de supresión de visado (de países que le exigen visado a panameños) y $2,000 para "nacionalidades restringidas".

Panamá América consultó al Servicio Nacional de Migración (SNM) para conocer, desde su perspectiva, cuáles son los avances que representarían para el país el nuevo programa.

Y en nota remitida a este medio, la entidad señaló que "el Procedimiento de Regularización Migratoria General y el Proceso de Regularización Migratoria Extraordinaria para nacionales de la República Popular China fijarán, a fines de cada año, el número máximo de extranjeros cuya situación podría ser regularizada a través de estos trámites en el año calendario siguiente, todo esto de forma ágil y transparente".

También se confirmó que el Servicio Nacional de Migración solo está renovando los carnés a las personas que obtuvieron su residencia en alguna de las anteriores ferias de Crisol de Razas.

Pero un pronunciamiento al respecto del Colegio Nacional de Abogados (CNA) llama la atención sobre serias carencias en el programa, destacando que se enfoca en lo económico, sin mediar un estudio científico sobre el impacto migratorio y en lo relativo a la seguridad del resto de los panameños.

Ingreso estatal

Para el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, el Gobierno solo estaría viendo el programa como una fuente de ingreso.

"Si dijeran que no van a cobrar nada, eso sería un acto humanitario, pero eso no es así. Estamos de acuerdo con que se dicte una ley migratoria y que se regularice a todos estos ciudadanos. Con lo que estamos en desacuerdo es con esa política estatal de crear estas situaciones y cobrarles a estas personas para engrosar las arcas del Estado", expresó.

Todo esto llevó a que la semana pasada se realizara una protesta en los predios de Migración, donde abogados del CNA, artesanos y agentes de bienes raíces exigieron la derogación de los dos últimos decretos sobre regulación migratoria.

Al respecto, el SNM solo respondió que "las manifestaciones pacíficas están permitidas en Panamá", pero el programa continúa.

Ante esto, el CNA ya presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del CNA, confirmó a Panamá América que "la Comisión de Migración también está trabajando un recurso de inconstitucionalidad", por lo relativo al trato especial que se les dará a los chinos, en detrimento del derecho de trato igualitario hacia otras nacionalidades.

"Pero lo más preocupante es que no hay un estudio científico de cuánto le cuesta al Estado tener a un extranjero en el territorio, por ejemplo, con gastos de utilización del transporte público, de los sistemas de salud o educación", denunció el jurista.

Seguridad

En esta línea, Jaime Abad, abogado y exdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), alertó sobre otros peligros migratorios latentes.

El experto en seguridad reconoció que muchos extranjeros vienen a Panamá con propósitos válidos, pero la facilidad de acceso también es aprovechada por el crimen organizado.

"El crimen organizado está invirtiendo en negocios lícitos: lavaautos, talleres, salones de belleza, restaurantes para controlar sectores y lavar ese dinero en el mercado local... esto es un movimiento que antes no se daba", señaló ayer, en declaraciones a TVN.

También reconoció el esfuerzo de los agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), pero agregó que "hay que aceptar que como país tenemos fronteras casi abiertas... ¡cualquier cosa pasa!".

Al margen de la responsabilidad o negligencia del gobierno de turno, Abad consideró que "como sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo para revisar los controles migratorios y los controles fronterizos".

Reiteró que mientras tengamos políticas de "fronteras totalmente abiertas, por allí pasa de todo: dinero ilícito, tráfico de armas, de personas".

Juan Carlos Araúz lo resume en que "al final de cuentas, estamos en condiciones de afirmar que hay una ausencia de una política migratoria integral".