Ministros desafían a Varela y no revelan su patrimonio

Hasta la fecha solo cuatro de los miembros del Gabinete del gobierno de Juan Carlos Varela han informado que presentaron ante una notaría sus declaraciones de bienes patrimoniales, el resto guarda silencio e incumple la promesa de campaña de Juan Carlos Varela, de garantizar y promover la transparencia.

Los únicos en obedecer el artículo 304 de la Carta Magna fueron el presidente Varela y la vicepresidenta Isabel De Saint Malo, mientras que el ministro de Gobierno, Milton Henríquez; su viceministra, María Luisa Ramírez, y el viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego no la han hecho pública.

Estos funcionarios acudieron a una notaría, como exige la ley, a depositar dichos documentos. Sin embargo, salvo De Saint Malo y Varela, ninguno de los otros tres servidores públicos antes mencionados pusieron a disposición de la ciudadanía el detalle de sus caudales.

Esto se convierte en un acto de rebeldía y desafío que podría generar diferencias a lo interno del Gobierno, comentó el analista político Mario Rognoni. “Los ministros y demás servidores públicos no están en la misma frecuencia de Varela, que se comprometió a un gobierno de transparencia”. Rognoni añadió que el jefe del Ejecutivo no tiene el carácter para obligar a sus subalternos a hacer públicas sus declaraciones. “No estoy seguro de si él (Varela) va a insistirles a sus ministros para que divulguen su patrimonio porque si empieza a machacar, pudiera haber choque entre ellos”, declaró la fuente.

Otro analista que opinó fue Edwin Cabrera; él es de la idea de que hay que cuestionar a quienes no sigan el ejemplo del propio presidente, quien envió sus documentos a la Notaría Novena de Circuito de Panamá. “Habría que criticar a sus acompañantes en el Gabinete... En aras de la transparencia, todos debieran hacer públicas esas declaraciones”, dijo Cabrera.

El miércoles por la tarde, a través de un correo electrónico, el Ministerio de Gobierno informó que Milton Henríquez, su viceministra María Luisa Ramírez y el viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego, habían realizado sus respectivas declaraciones patrimoniales en la Notaría Segunda de Circuito. Panamá América trató de obtener copias de dichos documentos, pero fue infructuosa la insistencia.

Al asistir a ese despacho, la notaria segunda de circuito de Panamá, Tania Chan G, se negó a entregar estos documentos, a pesar de que los funcionarios mencionados proporcionaron a la prensa nacional el número de escrituras para que acudieran, con dicho código de escrituras, a solicitar los dossiers de sus bienes.

El argumento de la funcionaria se basó en no tener autorización de los tres servidores públicos que la tarde de ayer, a través de un correo masivo enviado a los medios, informaron que sus declaraciones habían sido depositadas en ese despacho. Incluso enviaron el número de la escritura de cierre de dichas declaraciones.

Esto, a juicio del exprocurador Rogelio Cruz, es ilegal porque, asegura, ningún notario puede negarse a ofrecer a las personas solicitantes, sean jurídicas o naturales, documentos de escrituras públicas que hayan sido notariados.

En otras palabras, las declaraciones de bienes patrimoniales que hagan los ministros y demás funcionarios de alto rango, por mandato constitucional, según el artículo 304 de nuestra Carta Magna, deben ser puestas a disposición de los interesados, sostuvo el entrevistado. “Se llaman Notarías Públicas, por ende, todo lo que está allí es de carácter público”, expresó Cruz.

La fuente agregó que ni siquiera la Ley 59 de 23 de diciembre de 1999 establece que las declaraciones sean blindadas. “En la Ley 59 no hay nada que diga que es confidencial... además, si conocemos el número de las escrituras, podemos ir a la notaría y ese notario tiene que darnos una copia”.

El pasado miércoles, el equipo periodístico de Panamá América se presentó a las oficinas de la Notaría Novena, a cargo del licenciado Roberto Rojas Contreras. Allí, tras mostrar la cédula de identidad personal y anotar el nombre del reportero en una página en blanco, se pudo obtener la declaración del presidente Juan Carlos Varela. De igual forma, en la Notaría Octava, el notario Juan José Ferrán facilitó la declaración jurada de bienes de la vicepresidenta de la República, Isabel De Saint Malo.

Consultado sobre el tema, el abogado Ernesto Cedeño aclaró que aunque los documentos de las notarías sean de carácter público, el artículo 3 de la Ley 59 de 23 de diciembre de 1999 protege aquella información.