Persecución marca gestión del presidente JC. Varela

Una labor caracterizada por la persecución, así califican miembros de la sociedad civil y dirigentes de oposición la gestión del presidente Juan Carlos Varela en sus dos primeros años.

El mandatario panameño es acusado de promover una agenda político judicial en su administración, la cual se ha encargado de castigar a la oposición y a quienes se muestran contrarios a su mandato, a través de procesos judiciales.

Para ello se han abierto expedientes a un gran número de exfuncionarios, coordinados desde el Consejo de Seguridad, en la Presidencia, a manos de Rolando "Picuiro" López, y dirigida principalmente hacia exmiembros del Gabinete de Ricardo Martinelli.

Solo ayer, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fijó una solicitud para tramitar una alerta roja a la Interpol contra el expresidente Martinelli, desconociendo que por el caso que se le sigue no puede realizarse esta diligencia.

Ante esto, la abogada y exministra de Trabajo Alma Cortés indicó que existe una violación a los derechos del expresidente porque primero se debió realizar un traslado a la defensa y llamar a una audiencia de control para tomar una decisión.

El abogado Carlos Carrillo consideró que la Interpol no debería publicar la alerta solicitada por el magistrado Jerónimo Mejía, quien funge de juez de garantía en el proceso que se le sigue a Martinelli por los pinchazos telefónicos.

Explicó que el artículo 3 del estatuto de la policía internacional, que trata sobre sus prohibiciones, también abarca las actuaciones de los funcionarios durante su periodo en el poder, según se acordó en una resolución de la Asamblea General de la Interpol, en 1984.'

Persecución arroja números rojos en avance de obras del Gobierno

La gestión del presidente Juan Carlos Varela ha sufrido un importante desgaste producto de su agenda de trabajo judicializada.

Según los críticos de su trabajo,  esto lo ha llevado a recurrir a los logros de otras administraciones y promover la apertura de inversiones millonarias a futuro. 

Ante esto, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli afirmó que “por todos lados veo negocios cerrando. Hasta ahora Juan Carlos Varela solo ha inaugurado obras que otros hicieron. Ojalá inaugure alguna de su propia  gestión”.

Pese a esto, el presidente Varela ha excusado que “todos los proyectos están avanzando”.

Para el analista político Mario Rognoni, se trata de una administración   que “va en picada; imagen del presidente está muy mal”.

Ello, al conocerse que solo el 37% de la población estaría aprobando la gestión, según las encuestas.

Clave

18 meses llevan detenidos algunos exfuncionarios de Gobierno debido a la persecución política.

3 años de gestión restan al presidente Juan Carlos Varela, de quien piden agilizar más obras.

Según el artículo, "está rigurosamente prohibida a la Organización (Interpol) toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".

Por otra parte, existe otra resolución de 1951 en la que se recomienda a los jefes de las oficinas centrales nacionales que no se transmitan solicitudes de información o búsqueda y, sobre todo, de detención preventiva que se refieran a infracciones de carácter político, racial o religioso, "aún cuando en el país solicitante los hechos fueran constitutivos de una infracción de derecho común".

Esta nueva acción de los magistrados podría tener su razón de ser.

Precisamente se da, luego de la publicación de la última encuesta de Dichter & Neira, en la cual, la aprobación del presidente Varela llega a un mínimo de 39%, sin siquiera haber llegado a dos años de gestión, la peor para los últimos inquilinos del Palacio de Las Garzas.

La abrupta caída en la gestión del panameñista ha sido de 50% desde que asumió el mandato, en julio de 2014.

Otros casos

El caso de Martinelli no sería el único en el que los organismos de justicia no logran comprobar los supuestos delitos.

Las autoridades han debido ordenar cambios de medidas cautelares de unos 20 procesos a figuras que ocuparon puestos en el gobierno del presidente Martinelli.

Entre ellos, los procesos contra el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima y el extitular de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.

"Cuando la justicia trabaja dirigida por el Ejecutivo, estamos ante una politización de la misma: perjudicar a un colectivo político", afirmó Williams.

La dirigente indicó: "No nos oponemos a las investigaciones, nos oponemos a que se disfrace la sed de venganza con una mal llamada justicia".

Además cuestionó: "¿Por qué se les niega fianzas si no representan un peligro?".

Incluso, pese al dolor de familiares de los detenidos, que denuncian la violación a los derechos de sus parientes.

Tal es el caso de la madre del exdirector de la Policía Nacional, Gerta de la Ossa de Pérez, quien recordó que su hijo, Gustavo Pérez, se encuentra privado de libertad desde el 12 de enero de 2015, hace casi un año y medio.

"Imagínense, mi hijo lleva un año y medio detenido injustamente. Le allanaron su casa una madrugada y lo detuvieron por el caso de los pinchazos telefónicos, sin tener ninguna prueba de que mi hijo tuviera que ver con esa máquina y esos pinchazos que supuestamente ocurrieron", escribió la madre en una carta.

El veterano político panameñista Jorge Gamboa Arosemena atribuyó la situación a que todo se expresa por "la naturaleza salvaje; pues en un Estado democrático, un sistema justo nivela. ¿Qué vivimos en Panamá?".

Esto por la disparidad que existe en el trato que reciben las clases que componen el Estado en este momento, y quienes lideran la administración pública.

"¿Cuál de los funcionarios elegidos está tratando de cambiar el sistema? Ninguno. Luego, ni una reelección más", afirmó.

Relación política

La campaña emprendida por el Gobierno para detener a exfuncionarios, también guarda relación con los conflictos políticos.

Esto fue denunciado por el diputado perredista Iván Picota, quien afirmó que el motivo de la detención de Guillermo Ferrufino fue por un pase de factura, al haberse negado a correr como vicepresidente del actual presidente.

"¿Sabes cuál fue el pecado de Ferrufino? Haberle dicho a Varela en tres ocasiones que no iba a ser su vicepresidente. Esto es un pase de factura", dijo.

La acción se repite con los ataques hacia la presidenta encargada de Cambio Democrático (CD), Alma Cortés.

Pese a que Cortés no ha sido detenida, dirigentes de CD afirman que se emplea una artimaña, tras presentar un fundamento legal contra el contralor Federico Humbert para iniciarle una investigación de oficio.

A la exministra se le sigue un proceso por supuesto enriquecimiento injustificado.