Si hay sectores que se sienten excluidos en los cambios a la Carta Magna es posible que ello genere el rechazo del electorado.
El método de dos legislaturas y referendo será el que empleará Cortizo. Foto de archivo
El gobierno entrante de Laurentino Cortizo se corre el riesgo de que las reformas constitucionales sean rechazadas debido al mecanismo que se pretende aplicar para modificar la Carta Magna y, además, porque hará falta una campaña intensa de información sobre el contenido del documento.
Las reformas, tal y como fueron aprobadas por Concertación Nacional, abordan aspectos puntuales en cuanto a los tres órganos del Estado, tratando de lograr reducir el presidencialismo existente en el país.
El contenido habla sobre la necesidad de que el Órgano Judicial pueda contar con su propio presupuesto, a fin de que no dependa del Ejecutivo, de igual forma se estableció en el caso del Legislativo, a fin de evitar esas negociaciones que se registran en el pleno Legislativo cuando se tratan de pasar algunos temas.
En este paquete de reformas se establece un nuevo mecanismo para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que crea una comisión que escogerá una terna de la cual el presidente (a) deberá seleccionar a las figuras.
En el caso de los diputados y el tema de la reelección quedó así: "Todos los diputados serán elegidos para un periodo de cinco años mediante el sistema de representación proporcional que determine la ley, el mismo día en que se celebre la elección ordinaria de presidente y vicepresidente de la República".
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Además en el documento establecen que exceptuando las comarcas indígenas todos los circuitos electorales serán de postulación plurinominal, en los cuales se elegirán no menos de dos diputados.
Se deja claro que los diputados serán investigados por el procurador(a) de la nación así como los magistrados.
El mecanismo escogido por el Gobierno entrante consiste en la aprobación mediante dos legislaturas de las reformas, las cuales luego serán sometidas a un referéndum.
Para el exprocurador Rogelio Cruz, es importante que se haya tomado en cuenta reformas en los tres órganos del Estado, pero también se debe incluir aspectos relativos al Ministerio Público y a la Contraloría de la República.
Para el veterano abogado el gran problema que enfrenta el gobierno de Laurentino Cortizo es el reto de que la población asimile un texto tan extenso.
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"Se corre un riesgo que existe por varias razones; primero, al panameño no le gusta salir a votar por proyectos, sino por personas.
La experiencia de los referendos anteriores lo demuestra, entonces si el documento que se somete a referéndum es muy extenso, el pueblo no lo va a leer siquiera; y si no lo lee no lo entiende; y si no lo entiende no lo quiere y va a decir ¿para qué voy a salir a votar por algo que yo ni entiendo ni quiero?", indicó.
"Un documento muy extenso va a ser difícil que el pueblo lo lea, lo entienda, y vaya a votar en favor de este documento, entonces por eso siento que es muy acertada la posición del presidente Laurentino Cortizo, al decir que ese documento de la Concertación va a ser tomado como una base".
Rogelio Cruz resume las reformas en cinco temas fundamentales que incluye los tres órganos del Estado, la Procuraduría de la Nación y la Contraloría de la República de Panamá.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, considera que las reformas constitucionales una vez sean aprobadas por la Asamblea Nacional dependerá, en gran parte, de qué tanto se difunda el contenido del documento. "Debe haber una difusión masiva".
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"Lo que ha salido de la Concertación en este momento pocos sectores aún lo conocen y eso es lo que es más importante ahora mismo, el conocer qué fue lo que se consensuó allí, para determinar justamente posiciones", resalta el jurista.
Explicó que el peligro que se corre que las reformas sean rechazadas va a depender también de que los diferentes sectores se sientan excluidos.
Hay algunos sectores que no están a favor de las reformas y que consideran que es necesario la constituyente que cuestionan la validez de lo aprobado por la Concertación. En ese sentido el constitucionalista Miguel Antonio Bernal califica este paquete de reformas como una "mamarrachada".
A su juicio estas reformas lo que van a traer es un mayor rechazo de la población hacia la clase política. Agrega que el país necesita es un cambio integral.
Destaca que la clase política junto al Tribunal Electoral van a querer imponer esas reformas, "lo que yo no creo es que el pueblo se deje, aquí va a pasar lo que pasó en el 92 y lo que pasó con Pérez Balladares en el 98, al menos que el Tribunal Electoral haga una gran trampa", resalta.
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El dirigente empresarial Severo Sousa, quien es parte de la Concertación Nacional, considera que si bien hubo consenso en puntos importantes aún falta que otros sectores agreguen aquello que crean conveniente y que ha quedado por fuera.
Sobre el posible rechazo que puedan recibir las reformas en el referéndum, Severo Sousa cree que ello va a depender de los cambios que le introduzca la Asamblea Nacional, porque si las medidas que se incluyan son buenas, tendrán el aval del electorado, pero si no, habrá el rechazo.
El exgerente de la Zona Libre de Colón plantea que en el paquete de reformas constitucionales se disminuye en parte por el poder presidencialista que existe en Panamá.
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