Presidente Juan Carlos Varela logra control de los tres órganos del Estado

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, estaría poco a poco ejerciendo el control de los tres órganos del Estado; moviendo sus fichas como un juego de ajedrez, ha logrado imponer sus figuras en la Asamblea Nacional y ha despejado el camino para alcanzar el quórum del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A partir de diciembre del próximo año, cuando haya nombrado a cinco de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente Varela podrá contar con el poder necesario para juzgar a enemigos políticos y adversarios de su gobierno.

En diciembre de este año, el presidente Varela dará a conocer quiénes serán los reemplazos de los magistrados de la Corte Harley Mitchell y Víctor Benavides (este último renunció a su cargo el pasado 19 de junio), a quienes se les vencería su periodo constitucional de diez años el 31 de ese mes.

Este sería uno de los primeros pasos para acumular poder en el Órgano Judicial, donde a principios de este año, otro de los entonces magistrados, Alejandro Moncada Luna, fue procesado en la Asamblea Nacional, produciendo así una vacante.

Sobre el particular, el mandatario explicó que el proceso de juzgamiento contra Moncada Luna debía concluir formalmente en la Asamblea Nacional para luego definir el proceso de selección de un nuevo magistrado y su perfil, no obstante, ha preferido guardar silencio y no llevar a consulta ciudadana la elección del nuevo magistrado.

"Este proceso debe servirnos para el futuro, para que no se vuelva a cometer la misma falta. Aquí no se trata de nombre de personas, son las faltas cometidas y que no se repitan en la administración pública", opinó el mandatario.

No obstante, lo que tiempo después pudo conocerse es que el mandatario no va a consensuar el proceso de escogencia de los reemplazos de los magistrados con la sociedad civil, como prometió en campaña electoral.'

Control se extiende al Ministerio Público y tribunales

El Ministerio Público (MP) se ha convertido en pieza vital para las intenciones de llevar a cabo juicios contra exfuncionarios y adelantar investigaciones por orden del Consejo de Seguridad, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia.

El modus operandi utilizado para implicar a testigos y ordenar medidas cautelares también se le atribuye al Órgano Ejecutivo, tras la media docena de exfuncionarios de alto perfil que han sido conducidos a las distintas fiscalías.

No conforme con ello, el Tribunal Electoral (TE) y otras instituciones de justicia han permitido dar curso a la agenda judicial que es promovida por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

En el Tribunal Electoral se iniciaron investigaciones que dieron con la suspensión de credenciales a candidatos electos el 4 de mayo de 2014 y se ordenó la repetición de elecciones, al menos en diez circuitos electorales.

Por su parte, en la Fiscalía de Cuentas, donde figura Guido Rodríguez, se estarían creando expedientes que permitan implicar a exfuncionarios y enemigos políticos.

Sectores de la sociedad civil, grupos empresariales y abogados han repudiado el doble discurso del presidente en tal designación.

En este sentido, el catedrático Juan Jované plantea que el contrapeso tiene que ser la ciudadanía porque dentro de los poderes del Estado no se va a dar la fusión que se requiere.

Aun, pese a la recomendación de expertos, como la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien evaluó que estos puestos deben ser ocupados con base en los méritos y no debe tener vinculación con los poderes económicos o el Ejecutivo.

En su plan de gobierno, Varela prometió que la designación de procurador y magistrados se haría con la independencia de criterio y en consulta con los representantes de organizaciones de la sociedad civil para garantizar la independencia de la administración de justicia.

Sin embargo, esta ha sido otra de sus promesas incumplidas. "Lo que no he visto fue su promesa de campaña de poner un freno constitucional al poder del presidencialismo, que a mi juicio no lo va a convocar nunca", evaluó el abogado Ernesto Cedeño.

El jurista sostuvo que corresponde a las bancadas de los partidos en la Asamblea Nacional inclinar la balanza y jugar su papel en el nombramiento de los magistrados de la Corte.

"Si no lo hacen, se verá un presidencialismo absoluto. Lo que vimos en la Asamblea -con la escogencia de la directiva- fue algo de terror porque parece que la agenda no es ideológica", dijo.

Esta sería otra de las muestras de la imposición del Ejecutivo, ya que en la última elección de la directiva de la Asamblea Nacional logró imponerse el candidato que fue respaldado por la bancada panameñista, el diputado Rubén De León. Ello, en contrapuesta a la decisión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De León fue antecedido por el diputado panameñista Adolfo Valderrama, quien fue empleado de la empresa familiar del presidente, Varela Hermanos.

Juan Carlos Varela controló en el periodo pasado la Asamblea a través de su hermano José Luis Varela y Adolfo Valderrama y ahora mantiene el dominio con De León.