Procuraduría usa el poder para presionar

La campaña de persecución del Ministerio Público contra miembros de la oposición, no solo se aplica con medidas de detención preventiva, sino también con actos de presión hacia personas indagadas para que impliquen a exfuncionarios.

Ello es evidente con la detención de la abogada Evelyn Vargas, quien a pesar de fungir como testigo en Suiza, ha sido impuesta como ficha clave en la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá.

Allegados al presidente aparecen en el expediente, con prelación a los hijos de Martinelli.

Fuentes judiciales relacionadas al caso señalan que la relación de la abogada Vargas con el caso Odebrecht estaría orientada a forzarla a que implique a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Ayer, la fiscal Tania Sterling realizó un allanamiento a la sede principal de Importadora Ricamar, donde se ubica la oficina de Vargas.

La abogada Alma Cortés explicó que existe extralimitación de funciones, pues quien solo tiene facultad para investigar a la empresa del expresidente Ricardo Martinelli es la Corte Suprema de Justicia. 

“Vamos a ver si la procuradora general de la nación [Kenia Porcell] se atreve a meter presa a la cuñada de ‘Popi’ Varela, a allanar su casa, como lo están haciendo con Ricardo Martinelli”, mencionó el abogado Alejandro Pérez, a su salida del allanamiento. '

Gobierno ha favorecido a Odebrecht con contratos multimillonarios

Los costosos contratos que ha otorgado el gobierno de Juan Carlos Varela a Odebrecht representan una razón de peso para no indagar a sus encargados.

La administración de Juan Carlos Varela ha anunciado que mantendrá a la constructora brasileña en las obras de la Línea 2 del Metro.

En proyectos, se han adjudicado a la empresa 2,688 millones de dólares.

Entre estos destacan la Línea 2 del Metro por $2,062 millones; la renovación de Colón ($537 millones) y mejoras a las principales calles de la capital, obra emprendida por la Alcaldía de Panamá, a un costo de $89 millones.

El mandatario ha afirmado que durante su gobierno, Odebrecht se ha portado bien y que no se ha mencionado ningún caso de corrupción en los contratos antes mencionados.

“Odebrecht empezó siendo un angelito para luego ser diablito y nuevamente se convirtió en angelito”, dijo en su momento el economista y político Juan Jované.

 

Otra que reaccionó ante esta diligencia judicial fue la ex primera dama Marta Linares, quien afirmó que no se actúa de igual forma con allegados al oficialismo.

“Esperemos el mismo ‘show’ con Active Capital, la firma de abogados Rosas, Alcogal y demás involucrados. A ver si se atreven con sus amigos??”, sostuvo.

En este sentido, el expresidente Ricardo Martinelli catalogó de “show carnavalesco para desviar la atención”, las pesquisas del Ministerio Público.

A su vez, el vocero del expresidente, Luis Eduardo Camacho?, expresó que “pese a que documentos legales, bancarios y registros contables demuestran que Andes Mall no recibió dineros de Odebrecht, siguen atacándolo”.

Selectividad

El tema de la promotora Los Andes y los hijos de Martinelli aparecen en el tomo 47 del expediente de Odebrecht y antes de ser mencionados, aparece en los tomos anteriores un grupo grande de gente y empresas que no han sido llamadas.

En el expediente se mencionan al bufete Rosas y Rosas, propiedad del diputado Jorge Alberto Rosas; la firma Icaza González - Ruiz & Alemán; y la firma Jaime Alemán, Cordero, Galindo & Lee, que tiene como representante al exembajador Jaime Alemán, que habría recibido $2.3 millones de la sociedad Active Capital Group., una de las compañías destacadas en las pesquisas de Suiza.

Abuso del poder

El abogado Rogelio Cruz afirmó que, en efecto, la diligencia del Ministerio Público hacia las oficinas de la abogada Vargas se produjo gracias a los elementos legales con los que goza.

Según el exprocurador general, esto se complementaría con el abuso de medidas preventivas por el Ministerio Público, que “ ya es un hecho conocido”, y por lo tanto “una tradición que es lamentable, toda vez que no termina de concluir a pesar de que el Código Procesal Penal tiene normas al respecto”.

“Todavía los tribunales de justicia no han hecho entender al Ministerio Público que las detenciones preventivas son las últimas que se aplican en un proceso”, afirmó.

Cruz añadió que el ejercicio de la defensa en Panamá es cada vez más difícil, ante un Ministerio Público que abusa de la acción penal, cuando no hay un delito, por lo que los tribunales deberán ponerle freno de una vez por todas. 

Sostuvo que toda la investigación ameritará una defensa ante los tribunales de justicia, y se va a ejercer en el momento oportuno y no en los medios de comunicación.