Panamá
Operación Pandora: Desmantelan red que habría desviado $40 millones en créditos fiscales de la DGI
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La Operación Pandora desarticuló una presunta red que manipulaba el sistema E-Tax 2.0. Hay 16 investigados, incluidos 9 funcionarios de la DGI.
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En un golpe contra la corrupción institucional, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a un total de 16 personas mediante la Operación Pandora, tras un despliegue judicial de más de 25 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, por la presunta comisión de delitos financieros y corrupción.
Entre los detenidos figuran 9 funcionarios públicos activos, un exfuncionario y 6 particulares, a quienes se les vincula con una presunta red criminal dedicada a los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad documental
Los implicados presuntamente manipulaban el sistema informático E-Tax 2.0 para reasignar trámites de forma irregular. El esquema fraudulento consistía en eliminar cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones ante el Fisco.
De este modo, lograban que dichos saldos quedaran reflejados como "pagos no aplicados" (créditos a favor). Posteriormente, la red realizaba cesiones ilegales de estos créditos fiscales para venderlos por su valor real a una entidad crediticia del país, obteniendo ganancias ilícitas millonarias.
Hasta el momento, la lesión patrimonial al Estado panameño se estima en 40 millones de dólares, aunque la Fiscalía mantiene el objetivo de capturar a un total de 19 personas vinculadas al caso. Durante los operativos se incautaron equipos tecnológicos y documentación clave para el expediente.
Reacción de las autoridades
El director de la DGI, Camilo Valdés, se pronunció sobre el caso recordando que la institución mantiene facultades estrictas de fiscalización y auditoría tributaria.
"Dentro de esas facultades e investigaciones administrativas, siempre respetando los principios cardinales del debido proceso y la presunción de inocencia, nos percatamos de supuestas conductas que podrían ser considerados supuestos delitos. Y como nos corresponde por ley, informamos a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público", sustentó Valdés.
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