Usuarios y empresarios en debate por estacionamientos
Los centros comerciales, hoteles y las oficinas públicas deben proveer estacionamientos gratuitos. Consumidores y diputados sustentan la propuesta, los empresarios dicen que se lesiona su actividad comercial.
Usuarios y empresarios en debate por estacionamientos
El proyecto de ley que pretende regular el uso de estacionamientos en centros comerciales, hoteles y hasta hospitales, encendió el debate entre grupos empresariales y sectores políticos que buscan sacarle provecho ventaja de este problemática en la ciudad.
Y es que hallar un estacionamiento en la ciudad de Panamá se ha convertido en la odisea más estresante en los últimos años, debido a que el parque vehicular ya roza el millón de autos.
En un abrir y cerrar de ojos, la demanda superó a la oferta de estacionamientos, lo que ha generado situaciones que hoy mantienen enfrentados a usuarios y consumidores con el sector empresarial.
Esto, porque hace tres meses, en algunos centros comerciales, se estableció el cobro de tarifas a los consumidores por el uso de los aparcamientos.
Pero los precios establecidos, de entre tres y cinco centavos por minuto, por parte del sector empresarial provocaron quejas entre los usuarios por los elevados costos.
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional terminó siendo el escenario para dirimir este conflicto, a través de la Ley 45 de 2007 en su artículo 56, y establecer nuevas reglas en el uso de los estacionamientos a nivel nacional.
Como punto central, la modificación de la Ley 45 establece la obligatoriedad para centros comerciales, hoteles, hospitales y oficinas públicas, incluidas las arrendadas en edificios privados, de que ofrezcan de forma gratuita los espacios de estacionamiento.
Y además se obliga a los locales dedicados al alquiler de estacionamientos a contratar una póliza de seguro no menor a los 25,000 dólares para responder por los daños que puedan ocurrirles a los vehículos dentro de estos locales.
Para los representantes de la empresa privada, la propuesta cayó como un balde de agua fría, a pesar de que los diputados se comprometieron a tomar en cuenta sus recomendaciones.
Juan Carlos Reynardus, de la Cámara de Comercio, dijo antes de que se aprobara la propuesta en primer debate que no se ha considerado el impacto de esta en el sector privado.
La queja del sector empresarial se refiere a la cláusula que establece la gratuidad. “Va en detrimento de la libertad que tiene todo empresario de administrar de manera efectiva sus operaciones”.
Sin embargo, el diputado Leandro Ávila, proponente del proyecto de ley 10, sostiene que hay que mirar hacia el consumidor, porque “de la noche a la mañana”, los locales comerciales, hoteles y hospitales comenzaron a cobrar.
Con este punto de vista coincidió Pedro Meilán, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Meilán asegura que los estacionamientos de locales que tengan algún tipo de venta de bienes a los consumidores deben ser gratuitos.
Pero para el promotor Carlos Fernández, secretario de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, esta realidad tiene dos caras y el cobro en los distintos locales se inició porque también “de la noche a la mañana” se incrementó el costo de la tierra de forma vertiginosa.
Fernández sostiene la tesis de la deficiencia que es dar en gratuidad los estacionamientos. Asegura que “el estacionamiento más caro es el que no se tiene” y que se debe considerar que al establecer un costo para los usuarios, se garantizará un buen uso y seguridad.
“El negocio de estacionamientos da empleo, garantiza la seguridad, la limpieza, el mantenimiento. Los estacionamientos deben poder cobrarse porque cuesta mantenerlos”, dijo Fernández.
La propuesta de ley debe pasar al segundo debate en el pleno de la Asamblea, estadio en el que, según el diputado Quibián Panay, presidente de la Comisión de Comercio, se podrá modificar el proyecto en su totalidad.
Aunque los representantes de la empresa privada no mostraron mayor oposición al documento aprobado en primer debate, sí se comprometieron a estar pendientes y entregaron recomendaciones para incluir en el proyecto, como la potestad de los administradores de locales de cobrar o no el uso de los estacionamientos y establecer mecanismos de control para la entrada de usuarios a los centros comerciales.
A pesar de las preocupaciones reveladas por los empresarios, el abogado y exdirector nacional de Comercio Virgilio Sousa explicó que la regulación hecha por el proyecto no representa un atentado a la seguridad jurídica de los locales comerciales.
Sousa explica que de aprobarse la gratuidad de los estacionamientos, las empresas podrán establecer los mecanismos de control de los usuarios sin sentirse lesionados, porque se trata de una tarifa que no se cobraba antes.
Recuperación
Pero el debate que hoy se presenta no sorprende a los especialistas en materia de urbanismo.
Esto lo deja claro Álvaro Uribe. Según el arquitecto, esta realidad se veía venir desde hace veinte años, porque el parque vehicular que empezó a incrementarse año tras año, circula en calles que fueron diseñadas en los años setenta.
“Le entregamos la ciudad al automóvil y ahora la tenemos que recuperar”, expresó.
Entre las alternativas que, menciona el arquitecto, a largo plazo deben aliviar el tráfico vehicular está la construcción de la red maestra del metro, además de un eficaz funcionamiento del sistema masivo de buses.
Sin embargo, a corto plazo, Uribe sugiere que además de estas propuestas de ley que buscan regular al sector comercial se impulsen iniciativas municipales y estatales.
Una de esas alternativas que pueden tomarse a un plazo corto o medio es la recuperación de terrenos baldíos por parte de los municipios para establecer en ellos áreas de aparcamientos.
“Hay lotes baldíos que no se están usando para nada, pueden penalizarlos poniendo estacionamientos allí y recuperando por parte del Municipio, porque son terrenos completamente inútiles, lo único que hacen es daño a la ciudad”, indica.
El urbanista concluye que aunque el estacionamiento es un servicio que se puede pagar, se debe promover el cobro por parte de los municipios, porque además se trata de un ingreso que puede beneficiar a las arcas estatales.