Varela incumple, no hay separación de poderes

La institucionalidad del país ha sido fragmentada durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, quien prometió que rescataría la separación de poderes, sin embargo, la manipulación por parte del Ejecutivo ha llevado al traste su promesa.

Varios sectores del país coinciden en que en casi tres años de gestión, el manejo de la justicia sería la primera área afectada por la intervención del Ejecutivo, tal y como han denunciado gremios de profesionales y abogados, quienes señalan que en este periodo ha imperado una justicia selectiva que diferencia las investigaciones contra opositores del Gobierno y funcionarios de alto mando.

Lo anterior provoca una imagen negativa en la percepción de los panameños sobre el manejo de los casos que investiga el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, los cuales han quedado en manos de personas acusadas de recibir órdenes directas de la Presidencia, y cuyas diligencias serían "orquestadas" desde un ente superior.

Incluso el exembajador de Panamá en la OEA Guillermo Cochez dijo que el país vive momentos peores que durante la dictadura militar. 

La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es otro claro ejemplo en el que se lesiona la institucionalidad del país. A pesar de que diversos sectores han reclamado por la falta de independencia de figuras como Cecilio Cedalise y Ángela Russo, el nombramiento de Cedalise y Russo permitió la reelección de José Ayú Prado como magistrado presidente de la Corte. Una decisión directa del Ejecutivo que fue confirmada cuando el exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora revelara a la entrada del edificio Avesa, previo a ser indagado por el Ministerio Público, que el presidente Varela había señalado en una reunión con los diputados Adolfo Valderrama y José Luis Varela que había promovido la elección de Ayú Prado como presidente de la Corte "porque se dejaba manejar de arriba".

Todo esto, a pesar de que Ayú Prado fuera denunciado por el nombramiento irregular de funcionarios y otros casos más, pero la protección que recibe permitió que el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, quien presidía la Comisión de la Asamblea encargada de investigar a Ayú Prado, se negara a procesar tal denuncia so pretexto de que no había pruebas sumarias.

También gracias a que la Asamblea es el ente de mayor intervención del Órgano Ejecutivo, por medio de los cercanos colaboradores del presidente, como los diputados Valderrama y su hermano "Popi" Varela.

Y es que el Ejecutivo busca extender su poder en el principal órgano del Estado, infringiendo su promesa de independencia de criterio y gobernabilidad.

En la Asamblea se ha denunciado un transfuguismo disfrazado que es criticado por los propios miembros de esta Cámara, ante los nombramientos y las presiones políticas, que permite imponer la agenda de temas.

Esta manipulación de los diputados en la Asamblea permitió al presidente Varela gestar otros nombramientos de otros allegados en puestos clave.

La injerencia del Ejecutivo pudo ser visible al escogerse el reemplazo del magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery, a quien el mandatario decidió reelegir en el cargo por 10 años más. 

Además, por medio de la Asamblea Nacional, pudo ubicarse en el TE a Alfredo Juncá, quien antes fungió como asesor de la bancada panameñista en la Asamblea Nacional.

Es así que, recientemente, ambos magistrados se negaron a acoger una solicitud de la empresa encuestadora Ipsos para realizar sondeos sobre la situación del país y la administración del presidente Varela. Sectores reaccionaron al expresar que la negativa de los magistrados sería por órdenes directas del Ejecutivo.

Esto mismo ocurrió con el nombramiento del magistrado de Cuentas, Alberto Cigarruista, quien ha militado en el Partido Panameñista como legislador. 

En primera instancia, la escogencia de Cigarruista se hizo con el apoyo de los entonces magistrados de la Corte Harley Mitchell, Víctor Benavides, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, quienes fueron nombrados por el gobierno de Martín Torrijos, y con la vigencia del llamado pacto de gobernabilidad.

Aunque Juan Carlos Araúz, entonces vicepresidente del Colegio de Abogados, evaluó el hecho de incluir a actores políticos en el sistema de administración de justicia como poco favorable para la imagen de la entidad.

Para Carlos Lee, miembro de Alianza Ciudadana Pro Justicia, la institucionalidad democrática de Panamá no se ha superado, aunque es uno de los retos que tiene este gobierno, pero no ha sido capaz de responder a las demandas ciudadanas en ese sentido.

El dirigente sostuvo que “definitivamente estamos atravesando por unas circunstancias en las que la actual Constitución ha dado lo que tenía que dar y las reclamaciones son para un nuevo pacto social, sin embargo, esto tampoco ha querido asumirlo, a pesar de haber sido su compromiso político”.

Por su parte, la exdiputada Teresita Yániz de Arias manifestó que la institucionalidad “quedó herida de muerte desde los pasados gobiernos y este se ha encargado de matarla”.

Añadió que con los dos últimos nombramientos de la Corte se envió una señal muy negativa, ya que la actuación de las personas que fueron designadas ha demostrado que no tenían ninguna independencia.