El diputado lamentó el veto presidencial al poyecto que regula el porcentaje de descuentos a las escuelas privadas, pero recalcó que tratará de que la Asamblea Nacional lo apruebe por insistencia.
El llamado del Ministerio de Educación a los planteles particulares tiene que ver directamente con el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), cuya reglamentación exige que los centros educativos estén debidamente reconocidos para que sus estudiantes puedan recibir este beneficio.
De acuerdo García el proyecto de ley 508 vulnera la parte económica de los colegios privados, que realmente son empresas privadas, al imponer medidas y precios de antemano con estos descuentos del 10%, 20% y el 25% a los colegios medianos y a los colegios pequeños.
El Departamento de Investigación al Consumidor realiza las verificaciones en los centros educativos denunciados en cuanto a aumento de costos de matrícula y anualidad, discriminación y posible cláusula abusiva en el contrato al no distinguir los costos en clases presenciales y a distancia.
La falta de regulación sobre el tema impedía a la Acodeco intervenir.
Kathya Echeverría, vicepresidenta de Uncep, dijo que de sancionarse el proyecto 508 va a acabar con la educación particular.
El presidente del gremio empresarial subrayó que "este proyecto de ley atenta contra la libre empresa, las escuelas y colegios particulares son iniciativas privadas que buscan ofrecerle una opción de calidad a los estudiantes del país.
El año lectivo 2021 iniciará con un periodo de cinco semanas de reforzamiento y apoyo educativo psicoemocional, para fortalecer las capacidades de adaptación de los estudiantes, detalla el Meduca.
Cifras del Meduca detallan que, aproximadamente, 5 mil estudiantes han emigrado del sector privado al público.
En un resuelto, el Ministerio de Educación advirtió que los colegios particulares que incurran en irregularidades en el uso del auxilio económico del Estado podrían enfrentar procesos penales.
Esta es una deuda que claramente varía entre los colegios más grandes y otros más pequeños, por lo que ya han cerrado seis colegios particulares, ya que incluso desde el año pasado se les hizo imposible continuar con los mantenimientos de las infraestructuras de los planteles educativos.
El proyecto de ley 274 busca entre otras cosas que este año en base a la solidaridad y por tema económico, que los colegios particulares no puedan negarle la entrega de créditos a los padres para poder garantizar la educación del estudiante
De acuerdo con el gremio empresarial, este tipo de iniciativas legislativas quebrantarían la educación particular que ha contribuido enormemente con el desarrollo del país y cuya demanda ha crecido con los años en virtud del deterioro de la educación pública.
Cifras del Meduca detallan que, aproximadamente, 5 mil estudiantes han emigrado del sector privado al público, luego que los padres de familia se le suspendiera el contrato laboral o quedaran cesantes por la crisis sanitaria del coronavirus.
La difícil situación económica del país que llevó a muchos panameños perder sus ingresos ha impactado directamente en las escuelas privadas.
Jorge Quintero, administrador de la Acodeco, dijo que los colegios no pueden decir que cobrarán lo mismo de siempre sin tomar en cuenta la modalidad.
Aunado a esto algunos planteles aparentemente están cobrando internet y materias de laboratorio, lo que a juicio de Lombardo, es irrisorio, ya que para el primer trimestre del año escolar es a distancia.
La capacidad de pago de los panameños se ha visto afectada por la pandemia, en medio de un alza fuerte de la tasa de desempleo.
El apoyo económico va dirigido a los estudiantes, cuyos acudientes paguen mensualidades de hasta 150 dólares.
Los planteles privados ya enviaron a los padres de la familia el contrato para el año 2021 dando por hecho que las clases serán presenciales.
