Juez Garzón pide interrogar a Pinochet

El juez español Baltasar Garzón, quien promovió el arresto en Londres del ex gobernante chileno Augusto Pinochet, pidió ayer que se le permita designar a un grupo médico que realice nuevos exámenes al ex gobernante de facto.

"Se solicita al Home Office (Secretaría del Interior) que autorice un segundo examen médico (.

.

.

) con posibilidad de participación de dos médicos forenses y especialistas en psiquiatría designados por este juzgado", dijo la carta del juez.

Garzón criticó duramente la decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, de no revelar los detalles de los exámenes y exigió una segunda opinión sobre la salud del militar retirado, de 84 años.

En un último intento para evitar que se cierre su reclamo de extradición, Garzón pidió al gobierno español que envíe su petición escrita a Straw, quien apoyado en los exámenes dijo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un juicio.

Pero la cancillería española se ha reservado el derecho de enviar a Londres por los canales diplomáticos los argumentos de Garzón, a menos que el juez demuestre que está presentando nuevas pruebas.

El portavoz del gobierno español, Josep Piqué, dijo que estudian la carta del juez, pero anticipó que la misiva no parece ofrecer nada nuevo.

INTERROGATORIO CARA A CARAGarzón también exigió que se le otorgue a él y a un equipo de investigadores españoles la oportunidad de interrogar a Pinochet, cara a cara, en Gran Bretaña.

El juez español, quien desató un torbellino diplomático cuando obtuvo en octubre de 1998 el arresto de Pinochet, busca su extradición a España para juzgarlo por crímenes cometidos bajo su régimem, entre 1973 y 1990.

Amnistía Internacional, que también ha criticado a Straw por no divulgar los informes médicos de Pinochet, elogió el pedido hecho por Garzón de un segundo examen médico.

Claudio Cordone, portavoz de la organización humanitaria con sede en Londres, dijo a Reuters que "es justo que a los estados que quieren la extradición de Pinochet se les permita ver las pruebas médicas".

Straw le ha dado a España y a otras partes interesadas un plazo hasta el martes para aportar argumentos antes de que determine si el ex dictador debe ser liberado, tras 15 meses de arresto domiciliario en Londres.

Francia, Suiza y Bélgica también han hecho pedidos de extradición.

Sin embargo, los críticos de la decisión de Straw afirman que al no entregarles los exámenes, el ministro los pone en inferioridad de condiciones para responder.

Varios expertos legales creen que si no consiguen los expedientes médicos, los acusadores de Pinochet tienen el caso perdido.

Pero el intento de Garzón por mantener el caso puede toparse además con el gobierno español de centroderecha.

La administración de José María Aznar ha estado siempre incómoda con la campaña del juez para extender su cruzada por los derechos humanos más allá de las fronteras españolas, provocando el deterioro de las relaciones con Chile y otros países latinoamericanos.

Garzon dijo que si fracasa su pedido, entregará las pruebas acumuladas en cuatro años de investigación a los fiscales británicos con la esperanza de que formulen cargos contra Pinochet en el Reino Unido.