economia

Administrador de la AMP, cuestionado por negociados

El pleno de la Asamblea Nacional cuestionó fuertemente ayer al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz.

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @panamaamerica - Actualizado:

Noriel Araúz comparece ante la Asamblea Nacional.

El pleno de la Asamblea Nacional cuestionó fuertemente ayer al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, por supuestas irregularidades, incluyen conflicto de interés y negociados a favor de empresas amigas, donde salió a relucir nuevamente el nombre del empresario Pablo Torres.

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Los diputados, entre ellos, Juan Diego Vásquez, Luis Carles, Yesenia Rodríguez y Mayín Correa, también se hicieron serios cuestionamientos por la certificación irregular de barcos propiedad de allegados del administrador de la AMP, como el llamado GI Bunker, un tanquero que no tendría la edad para poder recibir la licencia de operación en Panamá, según los diputados.

Los señalamientos más fuertes contra Araúz se dan cuando los diputados cuestionaron las contrataciones directas a la empresa Stward Agency, del empresario Pablo Torres, un amigo personal del administrador de la AMP. Se trata de tres contratos directos a favor de la empresa de Torres, pero Araúz dijo que no se trata de una contratación directa, ya que cotizaron con otras dos empresas más y que se utilizan fondos de los recursos generados por la tasa anual de inspección.

El diputado Raúl Pineda trató de que se suspendiera el pleno de la Asamblea por falta de quórum, como una forma de rescatar a Araúz del fuerte cuestionamiento por su gestión en la AMP y el reiterado señalamiento de contratos a favor de empresas de sus amigos.

El diputado Carles se refirió directamente a la advertencia de 23 líneas de cruceros contra la orden que dio la AMP,  obligando  a todos los cruceros que llegan a Panamá a abastecerse de combustible con una sola empresa: Monjasa. Esto cuando en el mercado hay más de 15 empresas que ofrecen el servicio de abastecimiento de combustible.

Se trata de una empresa vinculada a Pablo Torres, amigo personal de Araúz, que desde su administración en la AMP ha recibido cuestionados contratos de millones de dólares, como el servicio exclusivo de lancha para los inspectores de la entidad por parte de la empresa Stward Oil, como señaló en el pleno el diputado Carles.

Araúz volvió a señalar que esta no fue una contratación directa, sino que fue una decisión del operador de los puertos de cruceros Colón 2000. Pero Araúz evitó hablar de su relación con el empresario Pablo Torres.

Incluso dijo, tratando de frenar los señalamientos en su contra, que los cruceros pueden abastecerse de combustible con cualquier empresa, “pero fuera de los puertos de Panamá”. Aceptó que en los puertos de Panamá los cruceros tienen que comprar el combustible a la empresa MONJASA.

También se cuestionó a Araúz por mantener como director de Marina Mercante a Rafael Cigarruista, por tener conflicto de interés al haber trabajado para un registro extranjero de barcos.

El diputado Vásquez reiteró sobre el tema de Cigarruista, señalando a Araúz que debió suspenderlo del cargo por la denuncia que tiene por haber aprobado la inscripción del barco Gi Bunker.

La diputada Rodríguez señaló que la AMP se encuentra envuelta en una serie de escándalos que afectan al país. Señaló que otra de las decisiones que afectan al país es el cobro de una tasa a los tripulantes de los cruceros que llegan al país, cuando en el resto del mundo ello no se da. Araúz dijo que ese cobro lo hace el Servicio Nacional de Migración.

Dentro de los cuestionamientos, también Araúz tuvo que aceptar que en el puerto de cruceros de Amador se está permitiendo el atraco de barcos tanqueros. Araúz trató de justificar este problema como una forma de aprovechar la estructura, señalando que la misma está en fase final de construcción. Esto tras señalarse de la mala atención en los puertos de crucero.

También dijo que la terminal fue puesta en uso porque las líneas de cruceros aceptaron trabajar así.

Otro de los temas cuestionados es el de la creación del desguasadero de barcos creado en Colón, por supuestamente no tener estudio de impacto ambiental aprobado. Aquí se favoreció a la empresa JAM Marine Dockyard.

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