Admisión de demanda millonaria contra Banco Nacional causa alarma
La Asociación Bancaria de Panamá indicó que hay inconsistencia en las decisiones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, lo que erosiona la confianza pública en las actuaciones llamadas a garantizar la seguridad jurídica, y genera justificables cuestionamientos sobre el razonamiento jurídico de base.
- Yessika Valdes / /
- - Actualizado: 14/2/19 - 11:22 am
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La ABP hace un llamado a todo el país, para fortalecer el estado de derecho, elemento esencial para atraer y mantener las inversiones.
Luego que la Corte Suprema de Justicia admitiera la demanda por $1,268 millones interpuesta por el empresario Abdul Waked Fares tras la venta del Centro Comercial Soho Mall contra el Banco Nacional de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) dice que causa alarma la decisión.
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De acuerdo con la Asociación Bancaria de Panamá, dentro de la actividad mercantil bancaria, la actividad fiduciaria, es muy usual, y ya que el Banco Nacional de Panamá actuó mercantilmente como fiduciario, resulta claro que no incurrió en ninguna actividad que guarde relación con el servicio público o la realización de funciones públicas.
"Es un hecho conocido, que la misma Sala Tercera, en fecha 3 de julio de 2017, decidió que la demanda presentada por Abdul Waked Fares contra el Banco Nacional de Panamá por la misma situación con respecto al fideicomiso conformado para el caso de los almacenes conocidos como FÉLIX B. MADURO, también incluidos en la Lista Clinton por orden de OFAC, era inadmisible porque, de acuerdo con dicha sentencia, la entidad bancaria no había cumplido ninguna función pública ni era, para esos efectos, una entidad pública, sino que había actuado como cualquier banco mercantil autorizado de la plaza", manifestó la Asociación Bancaria de Panamá en un comunicado de prensa.
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Ante esta situación, la Asociación Bancaria de Panamá dice que hay una falta de consistencia en las decisiones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, erosiona la confianza pública en las actuaciones llamadas a garantizar la seguridad jurídica, y genera justificables cuestionamientos sobre el razonamiento jurídico de base.
La ABP hace un llamado a todo el país, para fortalecer el estado de derecho, elemento esencial para atraer y mantener las inversiones que sustentan el desarrollo y el bienestar del país y de su población.
