Asociación Público Privada será regulada para una mayor transparencia

El gobierno de Laurentino Cortizo apuesta por las Asociaciones Público-Privadas para reactivar la economía del país, pero esta vez trata de evitar, con mayores controles, las irregularidades que se dieron en el pasado.

El proyecto de ley que crea el Régimen de las Asociaciones Público-Privadas (APP) sostiene que las obras que se van a construir tienen que ser aprobadas por el Consejo de Gabinete, por un Comité Consultivo y un Ente Rector.

Además, señala que queda prohibida la celebración de un contrato de APP, cuando el monto del contrato sea inferior a los 15 millones de dólares y que los proyectos deben construirse en función de la planificación del Estado.

En ese sentido, los gremios empresariales indican que la APP ofrece grandes oportunidades a Panamá para atraer inversiones de capital externo que permita generar mayores fuentes de empleo.

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Para Héctor Ortega, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), crear un marco regulatorio de la APP asegura que el proyecto llegue a su terminación con los parámetros solicitados.

Ortega explicó que las obras aprobadas bajo el contrato de APP deben ser planificadas por el Estado y, además, necesarias para la población.'

$15

millones es el monto mínimo para que se apruebe un contrato de APP.

3.7%

creció el año pasado el PIB, siendo la tasa más baja desde el 2009 cuando reportó 2.4%.

"En este momento cuando las finanzas públicas están comprometidas, el sector privado puede invertir en este tipo de obras, ya que el Estado no tiene recursos para hacerlo", señaló.

Panamá cerró el 2018 con un déficit fiscal del 2%, un desempleo del 6 % y una deuda pública, que al cierre de marzo se ubicó en 25 mil 893 millones de dólares (cerca del 40% del PIB).

Ortega reconoció que en el pasado hubo empresas que no cumplieron, pero fue enfático en señalar que otras sí cumplieron con su trabajo.

Aclaró que este tipo de contrato no es una privatización, sino una herramienta de financiamiento que da solución a obras de infraestructura o servicio público a través de la inversión privada, y una vez se cumpla el contrato se revierte al Estado.

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Por su parte, Luis Pimentel, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), coincide con Ortega y agregó que con estas regulaciones se garantiza que habrá una mayor participación de empresas y más transparencia.

"La reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y la regulación a la APP lo que hace es que crea o da las normas claras para poder entrar en las licitaciones públicas. Pero adicionalmente se le quiere dar una mayor oportunidad a las pequeñas empresas", manifestó.

Reiteró que si las normas son claras, el proceso de contratación se desarrollará de la mejor manera.

"La fiscalización en cada uno de los contratos hará que los procesos sean más transparentes para beneficio del Estado", agregó.

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El proyecto de ley que crea el régimen de la APP, también establece que el plazo máximo de un contrato de APP será de 30 años y, además, el pago del Estado al sector privado se hará en efectivo o mediante documentos de pago, o en especies.

Por otro lado, se establece en el documento que los procesos de selección de los contratistas para las APP se efectuará mediante un procedimiento de contratación transparente y competitivo.

Rechazo

De acuerdo con el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la APP son la continuidad del fracasado modelo neoliberal que en la década de 1990 privatizó gran parte de las empresas públicas permitiendo la acumulación de grandes fortunas de empresas.

"Rechazamos cualquier forma de privatización y tercerización", indicó el gremio.