Bancos rechazan bajar la prescripción de deudas en la Asociación Panameña de Crédito

La propuesta legislativa de bajar de 7 a 3 años el periodo del historial de crédito del consumidor en la Asociación Panameña de Crédito (APC), es rechazada por la Asociación Bancaria de Panamá, ya que argumenta que evitaría que las entidades financieras y bancarias tengan la información crediticia o referencia necesaria de una persona para otorgarle un crédito.

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Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo que la iniciativa tiene buenas intensiones pero termina perjudicando a la misma gente que quiere ayudar.

Berguido explicó que los bancos, financieras y cooperativas necesitan la mayor cantidad de información para poder evaluar los créditos y avalar esta iniciativa no se lograría el objetivo.

"Cuando una persona pide dinero prestado a una institución financiera el banco tiene que analizar esa solicitud para poder entender la capacidad de pago de la persona, la situación financiera y sobre todo, el historial de crédito. El simple hecho que se atrasó en su pago no implica automáticamente una referencia negativa si hay una justificación", expresó a Panamá América.

El banquero aclaró que cuando las entidades financieras no tienen acceso a la información les quita a los bancos la posibilidad de hacer una buena oferta al cliente y él asume al tener menos información que hay mayor riesgo en que la persona que pide el dinero no le pueda pagar y eso provocaría que el banco no le preste el dinero o lo hace en condiciones más exigentes con tasas altas.

Mientras más información tienen las entidades financieras el cliente es beneficiado, añadió.

La iniciativa no solo contempla la prescripción de las deudas de 7 a 3 años, contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago; sino también que establece de manera inmediata un historial de crédito sano. Aún cuando se haya tenido inconsistencias en el periodo de pagos y además que si algún cliente se somete a algún arreglo de pago, deberá constar en el registro y no se tome como mala referencia, como está en la actualidad.

El diputado Luis Cruz proponente del anteproyecto, señala que lo que se busca es regresar al sistema económico a personas que por factores ajenos a su voluntad han tenido retrasos en deudas. "No podemos permitir que se siga castigando al pueblo. La idea es que puedan continuar siendo sujetos de crédito, una vez cancelen sus responsabilidades", manifestó.

El anteproyecto, en su sustentación legislativa, establece que busca entre otras cosas que los datos suministrados por los agentes económicos, los manejados por las agencias de información de datos y los generados por transacciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial o industrial deberán ser exactos y actualizados, de forma que respondan con veracidad, a la situación real del consumidor o cliente.

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Además se adiciona al artículo 29 de la ley, que cuando el consumidor o cliente cancela la deuda al agente económico, éste en coordinación con la APC deberá hacer las actualizaciones del historial de crédito durante los tres días siguientes al pago y de no efectuarse se considera una falta grave y el Ministerio de Comercio e Industrias aplicará las sanciones establecidas en la ley.

Dichas sanciones van desde una amonestación escrita o con multas que van desde los mil dólares a $5 mil si es la primera vez y si las infracciones son muy graves a ésta norma, las mismas serán de $5 mil a $10 mil.

Para la Asociación Panameña de Crédito Intelidat este tipo de iniciativa podría afectar al 93.7% que cumple con sus compromisos financieros a tiempo. El porcentaje de morosidad de todas las carteras y todas las industrias al cierre del mes de julio 2020, según los datos reportados a la APC por los agentes económicos afiliados al Sistema de Referencias de Crédito, es de 6.3%.

Es decir, el 93.7% de la población cumple con sus pagos de forma regular. "Tratar de beneficiar el 6.3% de la población que incumple con sus obligaciones, se podría estar afectando al 93.7% que cumple con sus compromisos financieros a tiempo", dijo.

La APC asegura que el hecho de contar con menos información a la hora de tomar una decisión para aprobar o rechazar un crédito o facilidad de financiamiento, podría motivar a los agentes económicos aaumentar las tasas de interés y/o acortar los plazos, para cubrir su riesgo, lo que afectaría a toda la población, aún a los que pagan a tiempo.

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"Consideramos que la Ley 24 de 2002 y sus reformas hasta la fecha, cumplen con el principio de apoyar al consumidor en la obtención de un crédito con condiciones favorables, bajo un marco de libre competencia y protección de sus derechos, y asimismo ayudan al agente económico a cubrir su riesgo", resalta.

Añadió que las referencias canceladas se mantienen por 7 años, pero si una persona se atrasa en sus pagos y luego empieza a pagar normalmente, su historial se estará estabilizando en 24 meses. Los pagos atrasados no aparecen en el reporte luego de 24 meses.

Todo lo contrario piensan los consumidores y economistas, quienes señalan que es una buena iniciativa en medio de las circunstancias financieras por la que están pasando lo panameños que se mantienen en contrato suspendido o su ingresos ha sido reducido a un 50%.

El economista Auguto García señaló que la APC es una instancia que no tiene ningún tipo de regulación porque establecen los criterios de cuando sacar o ingresar a una persona al sistema.

"La población está sometida a las decisiones unilaterales de la APC, por lo que es importante que se haga una discusión sobre el tema", expresó.

Por su parte, Pedro Acosta, miembro de Uncurepa, considera que no será nada fácil aprobar este tipo de iniciativa ya que es utiliza en su mayoría por las entidades financieras.