Brote de polio refleja el deficiente sistema de salud en Filipinas

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Durante diecinueve años, Filipinas estuvo libre de polio. Pero en septiembre, llegó la información de que dos niños que vivían en provincias a 1400 kilómetros entre sí habían quedado paralizados por una cepa de la enfermedad derivada de la vacuna. La cepa también se descubrió en aguas residuales y en una vía fluvial. Desde entonces, autoridades sanitarias nacionales y extranjeras han entrado en acción. Una nueva serie de jornadas de vacunación comenzó el 20 de enero en la isla meridional de Mindanao.

Las vacunas orales contra la poliomielitis, como las usadas en Filipinas, contienen una forma debilitada del virus, el cual permanece en los intestinos de los niños por poco tiempo luego de ser ingerido. Durante ese tiempo, el virus es excretado en las heces. En lugares donde las aguas residuales no son gestionadas adecuadamente, personas sin inmunidad pueden infectarse rápidamente. El virus de la vacuna muta y va ganando fuerza gradualmente al propagarse de una persona a otra. Este proceso puede tomar muchos meses e incluso años. Al final, el virus evoluciona a una forma capaz de causar daño.

Que esto haya sucedido en Filipinas indica que el sistema de vacunación del país se ha vuelto peligrosamente negligente. Para prevenir la propagación de polio, el 95 por ciento de la población debe estar vacunada contra ella. Desde hace años, las tasas de inmunización infantil en Filipinas no han llegado a los niveles necesarios. La información oficial dice que el 70 por ciento de los niños recibieron el conjunto completo de vacunas básicas en 2017. Sin embargo, un 9 por ciento no recibió ninguna.

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Una de las excusas es la complicada geografía del país. Está constituida por alrededor de 7000 islas, no todas son pacíficas. Las autoridades tienen problemas con la logística de asegurar que las vacunas estén siempre disponibles donde y cuando se necesiten. A los padres ocupados se les dificulta visitar las clínicas que por lo general solo están abiertas en horario de oficina. Muchas personas aplazan las visitas médicas por los altos costos. Alrededor de 6 millones de personas —de los 105 millones de filipinos en total— gastan más del 10 por ciento de sus ingresos en atención sanitaria. Esa cuota de población es más grande que en la cercana Indonesia o Tailandia, de acuerdo con el Banco Mundial.

El éxito de los anteriores programas de vacunación pudo haber generado complacencia. El miedo también desempeñó un papel. En 2016, la fallida implantación de una vacuna contra el dengue generó una gran controversia y condujo a acusaciones penales. Muchos niños que recibieron esa vacuna no debieron haberla recibido debido a sus historiales médicos, según se reveló después.

La actual campaña de vacunación probablemente logre controlar este brote de polio. Sin embargo, realizar reformas sanitarias más amplias disminuiría mucho las probabilidades de un futuro brote. Hace casi tres décadas, el gobierno central delegó muchos servicios de salud a las autoridades locales. En la actualidad, los servicios son suministrados por una mezcla fragmentada de proveedores públicos y privados, los cuales carecen de supervisión y rendición de cuentas. A muchas áreas rurales les es difícil atraer médicos.

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En 2019, el presidente Rodrigo Duterte promulgó una ley de atención sanitaria universal, la cual automáticamente inscribió a todos los filipinos en el plan de seguro nacional, para así darle cobertura a cualquiera que le faltara. La ley también estipuló una mejor supervisión de los proveedores de atención médica y una recolección más sistemática de la información sanitaria. Se está creando un nuevo organismo gubernamental diseñado para evaluar la seguridad y la eficacia de los dispositivos, procedimientos y, acertadamente, de las vacunas. Se espera que todo esto tenga un costo de 5000 millones de dólares (257.000 millones de pesos filipinos) en el primer año. Vale la pena intentarlo.