Cámara de Comercio: El futuro de Panamá no se construye con violencia

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) enfatizó que el futuro de Panamá no se construye con violencia y repudia cualquier acto violento  como mecanismo de presión para la resolución de conflictos. 

El gremio indicó que en los últimos meses, diversos sectores de la sociedad han tenido la oportunidad de expresar, a nivel nacional, sus posturas y presentar propuestas sobre cómo salvar la Caja de Seguro Social (CSS). 

Considera que este es un tema complejo que requiere de análisis serio, responsable y de consenso, no de imposiciones ni de actos delictivos que atenten contra la estabilidad del país.

“La violencia, la coacción y el secuestro de la ciudadanía no son métodos aceptables en una sociedad civilizada. Acciones dirigidas a infundir el terror para obligar un objetivo no solo generan caos e incertidumbre, sino que también alejan a Panamá de la convivencia pacífica, el desarrollo y la inversión, afectando a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables”, expresó la Cciap.

No obstante, Según el gremio, el Suntracs ha demostrado su falta de compromiso con el diálogo para encontrar soluciones pacíficas consensuadas.

Agrega que históricamente, este grupo ha optado por la imposición mediante la fuerza, el bloqueo de calles y la intimidación. No es casualidad que su accionar haya sido rechazado por la mayoría de los panameños en diversas ocasiones, lo que ha sido demostrado de manera reiterada en las urnas, a pesar de la insistencia y protagonismo de aquellos que buscan el espacio que evidentemente no encontrarán.

“Los panameños hemos dejado alto y claro que queremos un Panamá en democracia y no respaldamos estrategias basadas en la intimidación, confrontación y el caos, sino aquellas que privilegian el respeto y la concertación”, señala.

De acuerdo con la Cciap, en una sociedad democrática, el derecho a la protesta es legítimo y necesario, pero siempre debe ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos de los demás. 

“Los cierres de vías, la destrucción intencional de la propiedad pública y privada, las amenazas y la violencia no son herramientas válidas para exigir cambios. Estas acciones no solo afectan la movilidad y la ya golpeada economía, sino que también perjudican a miles de panameños que diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias”, agrega.

Ante la gravedad de los hechos ocurridos, resulta inminente que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes y garantice que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia, las pruebas son evidentes, claras e irrefutables. Es deber del Estado asegurar que quienes recurran a la violencia para imponer su voluntad enfrenten las consecuencias de sus acciones.

 “Exigimos que a los responsables les caiga todo el peso de la ley, pues sólo así se sentará un precedente que desincentive futuras acciones ilegales y garantice la paz social”, enfatizó el gremio.