Cierres y huelgas suman 27 días; Cciap advierte sobre agendas ocultas
Desde que los docentes se declararon en paro, el 23 de abril, las consecuencias de esta decisión han ido en aumento.
Manifestantes bloquean vías en la provincia de Veraguas. EFE
Este lunes se cumplen 27 días de cierres y paralizaciones de labores a nivel nacional, los protestantes persiguen un objetivo: la derogación de la ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), una petición que no puede ser admitida por el Ejecutivo debido a sus múltiples repercusiones a nivel nacional e internacional.
Desde que los docentes se declararon en paro militante el pasado 23 de abril, las consecuencias de esta decisión han ido en aumento, dejando cuantiosas pérdidas económicas. Según el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), cada día de paro le cuesta al país cerca de 90 millones de dólares.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá no descarta que estas protestas estén motivadas por agendas ocultas.
El gremio pidió que si lo que se busca es frenar la economía o imponer una agenda política, se diga de frente.
"No se vale engañar al país con excusas falsas. No se puede disfrazar una intención de desestabilización como una causa social", expuso.
La Cciap también hizo referencia a las últimas elecciones indicando que fueron claras, ya que el pueblo panameño no quiere un cambio de sistema y quienes proponen un modelo distinto al democrático y de libre mercado no alcanzaron ni el 2% del respaldo.
Mientras grupos siguen azuzando protestas, crece la incertidumbre entre los empresarios e inversionistas, lo que afecta la reactivación económica y generación de nuevas plazas de empleo, pues se teme que la empresa Chiquita Panamá, principal fuente de ingresos en Bocas del Toro cese sus operaciones de manera definitiva, lo que dejaría sin ocupación a más de 7,000 personas.
No obstante, la delegación de ministros logró el fin de semana que la Cooperativa de Servicios Múltiples Bananeros del Atlántico (Coobana) reactivara la producción bananera, salvaguardando 600 plazas.
En los últimos días, se conoció que las contrataciones han disminuido en un 13%, el flujo comercial entre un 20% y 10%, y las ocupaciones de hoteles han ido a la baja debido a que los turistas están cancelando sus viajes a causa de los cierres de vías.
Las obras de construcción más importantes: la línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, también se encuentran paralizadas debido a que el Suntracs es otro de los grupos que promueve, en las calles, la eliminación de la ley No. 462.
Las autoridades han reiterado que el único ente autorizado para derogar dicha iniciativa es la Asamblea Nacional, órgano que durante más de un mes discutió y reformó el escrito presentado por el Ejecutivo para estructurar el documento final con base en las propuestas ciudadanas.
El diputado Ernesto Cedeño, quien votó a favor, señaló que considera que la ley es "potable", por lo tanto, asumirá su responsabilidad ante los protestantes.
Las autoridades han reiterado su compromiso de dialogar con los manifestantes con la finalidad de que abran las vías y vuelvan a sus puestos de trabajo, advirtiendo que la gobernabilidad del país no es negociable.