Deuda por régimen de interés preferencial es de $300 millones

El gobierno enfrenta una deuda de 300 millones de dólares, resultado del régimen de interés preferencial para préstamos hipotecarios. Este monto ha generado una carga económica considerable en el sistema bancario, que absorbe gran parte del déficit.

Aunque el presupuesto nacional solo contempla 72 millones de dólares anuales para cubrir este reglón, el diferencial de 228 millones ha sido asumido principalmente por las instituciones bancarias, hasta que se decida recurrir a fondos excedentes o emisiones de bonos, según explicó el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández.

Así lo dio a conocer durante una comparecencia ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, donde se discute un proyecto de ley para la extensión del régimen fiscal de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios.

Fernández mencionó que esta situación ha sido objeto de estudio en el Viceministerio de Finanzas durante las últimas semanas. "Nos hemos estado reuniendo con representantes del sector privado, tanto del segmento bancario como con promotores de proyectos hipotecarios", indicó el funcionario. Estos sectores son los más afectados por el financiamiento de los préstamos de interés preferencial, de los cuales el 50% de la cartera hipotecaria está sujeta a este régimen.

El viceministro subrayó que la carga fiscal generada por la ley de interés preferencial se ha convertido en un problema sistémico para el sector bancario, que está soportando una carga insostenible a largo plazo y requiere una solución estructural. Además, señaló que, aunque esta política ha sido positiva para la economía y el acceso a la vivienda, es necesario equilibrar lo que el Estado puede pagar de manera eficiente con las necesidades del sector bancario y promotor.

Fernández también destacó que la situación se ha agravado desde que en 2011 se amplió el plazo de los préstamos de 10 a 15 años. Esta extensión ha añadido presión al sistema, alargando la vida de los préstamos y, en consecuencia, la deuda que asume el Estado. "Si no se hubiera extendido este plazo, el costo de la cartera en este momento sería de 200 millones de dólares en lugar de 300", comentó. Este incremento se debe, en parte, a la entrada de nuevos préstamos bajo el régimen de interés preferencial, que han inflado la cartera.

El viceministro explicó que se espera una disminución gradual del costo de la cartera a partir de 2030, pero advirtió que si se continúan aprobando nuevos préstamos bajo este esquema, la reducción podría demorarse aún más. "Estamos frente a una burbuja que tendremos que afrontar en los próximos cinco años", aseguró.

Para enfrentar este desafío, el gobierno ha propuesto la creación de una subcomisión de análisis que estudie una reforma al régimen de interés preferencial. Esta subcomisión buscará desarrollar una propuesta integral que contemple los intereses del sector bancario, el sector promotor y las personas beneficiadas por la política. "El objetivo es encontrar un equilibrio entre las necesidades de la economía y la capacidad del Estado de financiar estos programas de manera sostenible", explicó Fernández.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) ha expresado que el retraso en la entrega de incentivos, consistentes en créditos fiscales que compensan a los bancos por la reducción de intereses en préstamos, ha afectado la confianza de las instituciones financieras.

El gremio, a través de una carta dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Ronald De Gracia, manifestó preocupaciones sobre la continuidad y viabilidad del programa.

En su comunicación, la ABP destacó que, tras casi 40 años de vigencia de la ley original y sus modificaciones, "se ha hecho evidente la dificultad que enfrentaron varios gobiernos para cumplir oportunamente con la entrega del incentivo que contempla la ley".

Asimismo, la ABP sugirió realizar consultas con el Ministerio de Economía y Finanzas para que cualquier prórroga del programa se ajuste a la realidad fiscal del país. Indicaron que, de lo contrario, el proyecto podría tener "pocas posibilidades de convertirse en un estímulo real y eficaz" para la economía y el sector de la vivienda.