La DGI será digitalizada en los próximos cinco años

Unos 399 de los denominados "grandes contribuyentes", representan aproximadamente el 67% de las recaudaciones de los principales tributos en Panamá y entre los que se destacan están las actividades financieras, comercio al por mayor, combustibles, entre otros y a pesar de la gravedad de la pandemia, en su gran mayoría, están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, informó Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Versión impresa

Esta información le fue suministrada al pleno de la Asamblea Nacional de Diputados donde se aprobó en segundo debate el proyecto de ley No.566 que modifica la ley 99 de 11 de octubre de 2019 y se dictan nuevas medidas de alivio tributario para la reactivación de la economía nacional.

El Consejo de Gabinete autorizó al MEF a firmar un proyecto que transformará a la DGI en los próximos cinco años lo que servirá para digitalizar totalmente la institución, permitiendo que la mayoría de los trámites se realicen en línea, por lo que esto debe terminar en una mejor trazabilidad de los contribuyentes y así fiscalizar de manera más clara las actividades relacionadas con la recaudación de impuestos, sostuvo el director de la administración tributaria.

De Gracia explicó que actualmente la institución está en un proceso de transformación, entre ellos, la masificación voluntaria de la factura electrónica, lo que permitirá que los contribuyentes que están obligados a tener equipos fiscales, puedan migrar libremente hacia la factura electrónica y esto es un paso trascendental para la fiscalización y administración de los tributos en la República de Panamá.

Adicionalmente, los contribuyentes que quieran mantener los equipos fiscales, podrán hacerlo siempre y cuando se le instale un dispositivo de transmisión, lo que permitirá a la DGI en todo momento, tener información de cada transacción que tenga la obligación de facturar el ITBMS (7%) y esto es otro de los elementos importantes en ese proceso de fiscalización, y para la declaración de renta, recordándoles que es una declaración jurada, por lo tanto la administración tributaria tendrá elementos para cuando estime poder realizar las fiscalizaciones correspondientes subrayó el funcionario.

Aseguró que “nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de incentivos, beneficios y exoneraciones de impuestos, y es probable que las autoridades se tengan que abocar a revisar esos incentivos que erosionan gravemente la capacidad del Estado para recaudar impuestos”. Consideró que hay que estudiar si realmente es justo y necesario que esos beneficios que la ley les otorga a ciertas empresas y organizaciones por un tiempo, ya es el momento de ponerle un punto final y que empiecen a contribuir con el Estado de acuerdo a la proporción de sus ingresos.

Reconoció que proyecto de ley 566 que se discute en estos momentos en la Asamblea Nacional no es un fin, sino un alivio temporal, ya que es obligación de la DGI es recaudar, fiscalizar y sancionar cuando no se cumplan con las obligaciones tributarias, pero reconoció que vivimos momentos excepcionales que van a pasar, pero no por eso "debemos quedarnos siempre en perdonar, por ello se trabaja en fortalecer la administración tributaria en tecnología para tener mayores capacidades".

VEA TAMBIÉN: MEF proyecta crecimiento del PIB 4.5% en el 2021

El ordenamiento jurídico que sostiene a la DGI data de 1970 por lo que esta administración tributaria necesita una modernización y no solamente facultades sino, además, capacidades tecnológicas para poder atender la importancia de recaudar los impuestos, ya que los ingresos son clave. "Un Estado que no recauda impuestos no puede generar bienestar a favor de sus contribuyentes y de sus ciudadanos", concluyó De Gracia.