Empresas extranjeras enfrentan pocos filtros para participar en megaobras

Las empresas con poca solvencia o acusadas de corrupción tienen el paso expedito para participar en las licitaciones panameñas dado que el Gobierno Nacional, les exige pocos filtros.

En la actualidad, varios grandes proyectos de infraestructura se han puesto en riesgo por los problemas económicos o escándalos de corrupción.

Entre ellos, extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá a Villa Zaíta, Techos de Esperanza, la ampliación de la avenida Omar Torrijos, la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), las obras que se manejaron a través del Conades, entre otros.

Según Gustavo Bernal, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), no existe un filtro. "En su momento se trató de hacer en la modificación de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, en la cual, las empresas que estaban siendo procesadas o acusadas a nivel local o internacional no podían participar en licitaciones".

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Sin embargo, cuando ese artículo llegó a la Asamblea Nacional lo eliminaron y lo único que queda pendiente es la inhabilitación a las empresas por dos años que está en la Ley 22 y la otra, en la parte de solvencia, es que, en todo lo que es contrataciones de servicios y construcción se le sube la fianza de cumplimiento al 50% y un bono de pago por el 25%, pero eso depende de la entidad ya que no está contemplado en la ley.

Bernal recordó que hay de las dos cosas.

"En la cuarta línea de transmisión eléctrica pasó al revés, los señores de la Empresa de Transmisión Eléctrica Panameña bajaron el bono de propuesta en contra de la Ley y el bono de cumplimiento también lo pusieron bien bajo con respecto a las otras obras de construcción", explicó.

Indicó que es irresponsable hacer esas modificaciones fuera del marco de la Ley 22 de Contrataciones Públicas y la última modificación.

"El problema es que ahora con la Ley de descentralización 37, eso se ha relajado bastante, a tal punto, que inclusive los municipios no le dan seguimiento a ese tipo de requisitos", señaló.

El expresidente de la Spia considera que tiene que haber una inhabilitación dentro de las contrataciones públicas, así como la elevación de las fianzas para poder que las personas se hagan responsables ya que se han dado casos, en los que no se terminan las obras y se van, lo que perjudica la inversión.

Incumplimiento

La constructora MCM Global enfrentó un secuestro por parte de la empresa Power Gen y fue inhabilitada por el Ministerio de Educación por haber incumplido con la entrega del centro educativo El Hijo del Carpintero, en Arraiján.

En tanto, Cocige fue inhabilitada en dos resoluciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), la 1 y 3 de octubre de 2018, por incumplir la entrega de 1,500 casas de Techos de Esperanza. A los propietarios de Cocige se les asocia con el presidente Juan Carlos Varela.

Asimismo, el Consejo de Gabinete aprobó el año pasado el procedimiento excepcional para que el ministro Del Rosario procediera con el contrato directo a la empresa Ingeniería Rec, vinculada al empresario Eduardo Di Bello, familiar de Varela.

De igual forma, la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración (STI) logró pasar los cinco años de la administración de Varela con un jugoso contrato directo de 380 mil dólares trimestrales, gracias a la conexión entre sus dueños y el exgerente del aeropuerto Joseph Fidanque.

La empresa STI recibiría $76 mil 500 mensual por el servicio que brinda al aeropuerto de Tocumen y unos $491 mil 130 por seis meses de servicio.

Mientras que la empresa española OHL que había precalificado para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá no presentó su oferta financiera para la ejecución del proyecto por falta de financiamiento. La razón se debe a la falta de financiamiento y diferencias con sus socios en el megaproyecto, Andrade Gutiérrez Engenharia, S.A. y Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A.

No obstante, a pesar de los problemas financieros que mantiene la empresa española OHL, compite por otro proyecto importante en el país como es la extensión de la Línea 1 del Metro a Villa Zaíta que tiene un costo de $323 millones.

Las constructoras españolas Acciona Construcción S.A. y OHL son investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de España que abrió un expediente sancionador por presuntamente amañar su participación en licitaciones públicas, según algunas publicaciones.