La evasión fiscal, principal reto de la Dirección General de Ingresos en el 2021

La evasión fiscal es uno de los principales retos de la administración tributaria para este nuevo período, por lo que se avanza con medidas como la trazabilidad y la digitalización de los procesos, anunció Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De Gracia dijo que este primer semestre de 2021 será clave para avanzar en facturación electrónica y esto va a contribuir para limitar, mitigar y reducir la evasión fiscal que históricamente representa importantes porcentajes en los impuestos sobre la renta y el ITBMS.

Resaltó que las instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoya a la DGI en el proceso de digitalización que inició este año. "El diagnóstico de la administración tributaria, realizado al inicio de la gestión del actual gobierno, evidenció la necesidad de modernizar la DGI, para atender mejor los retos de la recaudación de impuestos y cumplir con las expectativas de los contribuyentes en cuanto a los servicios que se brindan", agregó.

La campaña de divulgación de la institución es muy simple: solicitarles a los consumidores o solicitan servicios en diferentes actividades comerciales, incluyendo el uso de las plataformas de servicios por internet, que exijan su factura fiscal.

"La facturación de cada centavo, es la clave para el éxito de las recaudaciones para este año", manifestó De Gracia.

Desde enero de 2019 en Panamá la Ley No. 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y como delito precedente al blanqueo de capitales.

Al adoptarse en el proyecto de Ley Nº 591 el delito fiscal como un delito penal, y al hacerlo precedente al blanqueo de capitales, el Ministerio Público tendrá la facultad legal de perseguir a los infractores de este delito, como también mejorará sustancialmente el grado de cooperación en las investigaciones internacionales.

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Esta Ley castiga al gran evasor que perjudique al fisco defraudando con intención por más de 300 mil, lo cual podrá ser sancionado con penas de prisión de dos a cuatro años.