Facturación obligatoria, contra tiempo y rechazo
Experto afirma que Panamá es uno de cuatro países del área en el que la facturación electrónica no es obligatoria, lo que no ayuda a su aplicación.
A inicios del año, los abogados, artesanos y otros profesionales, realizaron protestas contra la ley 256, y presentaron acciones contra la misma por la vía legal y legislativa. Archivo
Aunque los abogados, artesanos y otros gremios de profesionales, lograron detener, por el momento, la obligatoriedad de la facturación electrónica en sus actividades, el interés del Gobierno sigue siendo que todos los sectores de la vida productiva del país se sumen a este mecanismo.
Hasta el momento, con base en la ley 256, para las nuevas empresas desde este año es obligatoria la facturación, mientras que para los proveedores del Estado, a partir de julio de este año.
Rafael Montero, CEO de GuruSoft, una de las empresas proveedoras de este servicio, dijo que en temas de tecnología, lamentablemente hay que buscar mecanismos de sentirse obligado.
"Hay países con 3 o 4 años de voluntariedad, en los que solo 10% se han subido a la facturación electrónica", detalló.
El ingeniero, sin embargo, reconoció que esta migración requiere de un proceso gradual que comienza con educar a las empresas y contribuyentes, masificar las ventajas de la facturación electrónica y, finalmente, empezar a obligar a gremios o empresas a migrarse, paulatinamente
En la ley 256, solo hay dos grupos obligatorios, mientras se estipuló que habrá un calendario para que se vayan sumando las otras profesiones y ocupaciones, el cual no se conoce todavía.
"Podemos estar estimando que dentro de dos a tres años, todo Panamá emita fractura electrónica", presagió Montero.
El profesional cree que la oposición de algunos grupos es más que nada por temor y desconocimiento de las ventajas de esta nueva tecnología.
Por el lado de los abogados, artesanos, artistas y profesionales de otras ramas, primero se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 256, que se encuentra en el despacho de la magistrada Miriam Cheng Rosas, a espera de que sea admitida.
Como segundo paso, se presentó un anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional para derogar la obligación de la facturación electrónica a estos profesionales, la que se encuentra pendiente de primer debate en la comisión de Hacienda.
Finalmente, existe el compromiso de la Dirección General de Ingresos (DGI) de no obligarlos a emplear esta tecnología hasta que exista una decisión judicial.
Sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, expresó que cada país la establece en atención a su marco constitucional.
En este sentido, el artículo 40 de la Constitución, que no existe en constituciones de otros países, es una norma excepcional que otorga protección al sector profesional, artesanal y de artistas.
Pero, más allá de esa disposición constitucional, el abogado advierte que en una sociedad de derecho cada quien tiene un margen o espacio en el que su decisión es un juicio de racionalidad en cuanto a su conveniencia personal.
"Lo que estamos debatiendo es cuando el Estado irrumpe en esa posibilidad de decidir voluntariamente y el Estado le arrebata el ciudadano su discrecionalidad", expresó.
Destacó que hay ejemplos como Ecuador y Brasil, que tienen la facturación voluntaria y son modelos en el que las sociedades han encontrado una operativa funcional.
"Nunca debe ser entendido como un rezago o como un obstáculo a que el Estado cumpla sus fines y propósitos, sino que estos se alcanzan protegiendo y resguardando su marco normativo", reflexionó el presidente del Colegio de Abogados.