Gestión del concentrado de cobre se conocerá antes de que termine el Gobierno

Tras varias semanas de desconocer mayores detalles de las más de 120,000 toneladas de concentrado de cobre, almacenadas en la mina de Cobre Panamá, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre la empresa y el Estado panameño; el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, confirmó que el tema está siendo evaluado y que tendrá una respuesta antes de que termine este Gobierno el 30 de junio de 2024.

Durante una entrevista con el programa  "Aquí Vamos" de Shok Multimedia, Staff explicó que se han realizado evaluaciones jurídicas, técnicas, comerciales, entre otras, en base al análisis sobre el concentrado de cobre sobre quién es el propietario del mismo, aunque dijo que, "independientemente de la propiedad, se puede gestionar y transformar en dinero".

El concentrado de cobre, de acuerdo con el ministro, contempla dos grandes preocupaciones: el riesgo ambiental, un tema que asegura está bajo monitoreo, y el deterioro de la calidad del material y que ya no tenga el valor actual.

El mantenimiento de dicho concentrado forma parte del cuidado y mantenimiento de la mina tras el cese de operaciones, uno de los tres ejes en los que se ha dividido el cierre ordenado de la mina, junto con las auditorías y el cierre oficial, un proceso que podría tomar alrededor de ocho años.

En su momento, Cobre Panamá dejó claro que "es importante aclarar que el Artículo 2 del Código de Recursos Minerales establece que este concentrado de cobre pertenece a la empresa como concesionaria en el momento que el mineral fue extraído y procesado, antes del fallo de inconstitucionalidad contra la ley 406 de 2023, el 28 de noviembre de 2023". El pronunciamiento de la empresa fue respaldado por el procurador general de la Administración, Rigoberto González, el 29 de enero del presente año, quien aseguró que dicho concentrado es propiedad de la empresa, porque fue procesado antes de que la Corte Suprema de Justicia anunciara el 28 de noviembre de 2023 el fallo sobre el nuevo contrato.

El pasado 20 de febrero, voceros de Cobre Panamá explicaron que una de las actividades abordadas en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) (implementado por la mina ante la paralización de operaciones) es el manejo y comercialización de ese concentrado de cobre que quedó almacenado previo al cese abrupto, y una de las alternativas, al comercializarse, es poder cubrir el costo del Plan de Preservación y Gestión Segura, que en este momento está asumiendo la empresa, cuyo estimado es entre 15 y 20 millones de dólares al mes.

LEA TAMBIÉN: ¿Quién debe encargarse de las 120 mil toneladas de concentrado de cobre?

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) mostró en un informe, tras una breve visualización del lugar, una imagen  del material ya tratado. Al respecto, detallaron que "por el almacenaje que tiene, actualmente se está calentando hasta unos 70˚ centígrados. Además de mostrar evidencia de la  generación de sulfuros de hidrógeno y sulfuro de carbono. Estos gases son corrosivos y con la capacidad de generar ácidos. Además de que son fáciles de inhalar, por lo que son un riesgo a las personas próximas. Todo los cual implica darle un manejo y salida a este material potencialmente tóxico. Sin embargo, es necesario que el mismo sea realizado en todo momento de acuerdo a lo que establecen los criterios legales y en función única del interés del país. Lo cual no indica dilatar los procesos administrativos, por las implicaciones que una demora pueda tener".

Además, recordaron que en esa zona de puerto se almacena nitrato de amonio y grandes volúmenes de cal, lo que aumenta el riesgo de contaminación hasta explosión en el caso de los compuestos nitrificados en el lugar.