Gobierno defiende ejecución; Asamblea mantiene su presupuesto

El aumento de 4,181 millones de dólares en el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2026 respecto al anterior ha generado diversas críticas en la sociedad por la deficiente ejecución de algunas instituciones como los ministerios de Educación y Obras Públicas. Ante ello, el presidente José Raúl Mulino anunció que, a finales de año, se harán las evaluaciones correspondientes para calificar el desempeño de las entidades gubernamentales con el objetivo de que sustenten la distribución de estos recursos.

Mulino hizo frente a las críticas, aclarando que los actos públicos que no han sido adjudicados no pueden restarse del presupuesto, por lo tanto, su ejecución “va poco a poco”, no obstante, reconoció que el Ministerio de Educación (Meduca) tiene un presupuesto “altísimo” que fue erróneamente establecido al aprobarse la ley que le otorga el 7% del Producto Interno Bruto (PIB). 

“Luego de los berenjenales del 2023 (…) le asignaron (al Meduca) como quien regala naranja, el 7% del PIB, y ese es un presupuesto inalcanzable de ejecución”, dijo. 

Según el mandatario, el hecho de que el Meduca tenga el “presupuesto más grande del país” es el resultado de decisiones apresuradas y sin ningún sustento económico efectuadas por la anterior administración, y presiones de la Asamblea, ya que, durante el pasado periodo legislativo “forzaron” para que dicho porcentaje del PIB fuera incluido en el presupuesto como estipula la ley pese a reconocer su incremento.

Paralelo a esto, se conoció que el Órgano Legislativo, uno de los actores que exige al Ejecutivo mayor ejecución presupuestaria, mantuvo para el año 2026 su presupuesto en 98.7 millones de dólares, distribuidos en funcionamiento ($95,700.000) e inversión (3,000.000). 

Una asignación que el diputado independiente Betserai Richards califica como “alta” porque considera que la institución puede funcionar con menos recursos y personal, sin embargo, mencionó que la sustentación del presidente Jorge Herrera para este monto es la “coraza” que creó la ley de carrera administrativa que le impide destituir a funcionarios “que, en gran medida responden a los diputados o miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD)”. 

Richards espera que una vez se instalen las comisiones de trabajo en la Asamblea Nacional, se presenten los cambios al reglamento interno para modificar la ley de carrera legislativa con la finalidad de eliminar el “blindaje” que introdujo el pasado Gobierno. 

Quien también se refirió al tema fue el exdiputado Juan Diego Vásquez, quien solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar un estudio para conocer cuánto dinero necesita la Asamblea para su funcionamiento. 

“En Chile la Asamblea gasta MUCHO menos y ellos son MÁS”, subrayó a través de su cuenta de X. 

Tan solo el pasado miércoles, el presidente del Legislativo mencionó que el presupuesto sería “mesurado” y que se trabajaría con el personal necesario, no “excedente”.