Coronavirus en Panamá
La industria cervecera tiene alrededor de 30 millones de dólares en inventario de producto terminado en sus bodegas y tiendas que están próximo a vencerse.
Industria advierten pérdidas económica y empleos por Ley Seca.
Empresas que conforman la industria de bebidas alcohólicas en Panamá advierten grandes pérdidas económicas y de empleos a consecuencia de la Ley Seca que rige hace dos meses en medio de la pandemia del COVID-19.
Ante esto, los representantes de la industria solicitaron a las autoridades el levantamiento total de la medida, considerando que después de dos meses de restricciones comerciales, la misma no es necesaria en momentos cuando el país se encuentra en un proceso de reactivación económica.
Los empresarios advierten que la Ley Seca continúa generando daño a la industria que impacta directamente a más de 6 mil personas de forma directa y otras 45 mil indirectamente.
Agregan que el impacto económico se extiende a todos los canales de comercialización como supermercados, minisúper, abarroterías y almacenes especializados.
'Estamos particularmente preocupados por nuestros clientes en el sector minorista; muchos se encuentran en posiciones financieras precarias y creemos que el levantamiento de la ley seca les beneficiará y evitará que negocios vibrantes y estratégicos para la economía nacional cierren sus puertas', indica el comunicado.
Según el informe, la industria cervecera tiene alrededor de 30 millones de dólares en inventario de producto terminado en sus bodegas y tiendas que están próximo a vencerse.
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'La extensión de la ley seca riñe con la urgente necesidad de reactivación económica de nuestro país', agrega el comunicado, destacando que la industria representa cerca del 1.3% del producto interno bruto del país, con un aporte anual de 124 millones de dólares al Estado de impuesto selectivo de consumo (ISC) e impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios (ITBMS).
Para este sector, los controles establecidos por el Gobierno Nacional también ha creado un mercado ilícito de alcohol.
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Desde el pasado 8 de mayo, el Gobierno Nacional ordenó una venta controlada de bebidas alcohólicas, permitiendo la comprar de un six pack de cerveza o una botella de licor por cliente.
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