El presidente Laurentino Cortizo sancionó la tarde de hoy la ley que crea el régimen de las Asociaciones Público-Privadas (APP), con el que se busca estimular la economía nacional.

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La APP creará un régimen para ejecutar obras del Estado con capital privado que a su vez promuevan la ejecución de proyectos y obras de infraestructura del Estado, desarrollo social y la creación de empleos.

Según las autoridades, con está Ley se incentivará la inversión privada en la construcción y desarrollo de infraestructura pública, para que no sea una total responsabilidad del Tesoro Nacional.

Entre los proyectos que se ejecutarán con la ley de la APP se destacan el metro cable de San Miguelito, la carretera del corredor Caribe entre Quebrada López y María Chiquita, la vía costanera desde Panamá Pacífico hasta el hospital Nicolás Solano y el anillo norte de la ciudad de David.

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El presidente Cortizo, expresó su optimismo con la sanción de esta ley, porque va a ayudar a que la economía comience nuevamente a florecer, que se comiencen a ver las inversiones nacionales, dar la bienvenida a las buenas inversiones de afuera, para que comiencen a generar empleos.

Destacó que no está para imponer absolutamente nada, “estamos aquí para coordinar, para avanzar y para que nadie obstaculice el desarrollo económico y social de este país.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, dijo que con esta ley, mejorará drásticamente la posición del Estado frente a los acuerdos públicos privados, ya que se establecerán instancias para reglamentar y regular los proyectos, que se escogerán a través de importantes criterios de legibilidad  y de beneficio social.

Añadió que los primeros proyectos se podrán estar licitando en marzo y abril del próximo año y que al final todas estas obras retornarán en perfecto estado al gobierno.

La nueva legislación establece que las contrataciones APP podrán ser aplicadas en todas las entidades del gobierno central, entidades autónomas y semiautónomas del sector público no financiero, municipios y sociedad mercantiles donde el Estado sea propietario de por lo menos el 51% de las acciones.

Se exceptúan del ámbito de aplicación de este proyecto, el IDAAN, el Canal de Panamá, bancos estatales, y los servicios de seguridad, entre otros, y también se establece que las reclamaciones que tengan las partes podrán ser atendidas por un tribunal de arbitraje de resolución de conflictos.

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También queda establecido que el Estado, a través de las entidades públicas contratantes, no será responsable de las consecuencias derivadas de los contratos que celebre la sociedad titular del contrato de APP con subcontratistas o empleados de cualquier índole.

Mediante el régimen especial de APP se han invertido cerca de $4 mil millones en Panamá, pero el país tiene una baja competitividad en la región en esta modalidad.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que Panamá en tema de competitividad de APP ocupa la posición 14 de 21 países en la región.

Me siento orgulloso de haber trabajado desde el ministerio y junto a diversos sectores de población para impulsar esta ley que incentiva la inversión en Panamá. En el #BuenGobierno unimos todos nuestros esfuerzos para que más panameños tengan más y mejores oportunidades. pic.twitter.com/hVEft2cZrS— Rafa Sabonge (@RafaSabonge) 19 de septiembre de 2019

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