Ley de pequeña y mediana empresa tiene 10 años sin ejecutarse

La Ley 9, que rige los incentivos para la pequeña y mediana empresa, lleva diez años sin ejecutarse, provocando la decadencia de este sector productivo de la economía panameña, manifestó Manuel Pérez, presidente del Sindicato Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, en una reunión con el viceministro de Comercio e Industrias Ernesto Fernández.

Pérez señaló que a, través de la Ley 9, se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, con el fin de fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el desarrollo del sector.

Durante el gobierno de Guillermo Endara y de Ernesto Pérez Balladares la ley no se puso en ejecución y lamentablemente el Banco Nacional como miembro de la comisión nunca planteó propuestas de financiamiento para la pequeña empresa.

Expresó que a raíz de la desidia de los gobiernos, varias pequeñas empresas en Panamá han cerrado y además hay micro y pequeñas empresas que no han tenido acceso a programas tanto de asistencia técnica como de crédito.

De acuerdo con el dirigente empresarial, no se les ha brindado el apoyo tecnológico para desarrollar al área de la pequeña y mediana empresa, y sólo se están utilizando los recursos para las empresas grandes.

Además denunció que "no se respetó en ningún momento el artículo 18 de la Ley 9, ya que los políticos inventaron asociaciones sin ningún fundamento, creando la división en el sector de la pequeña empresa, lo que provocaba que los cuatro representantes empresariales eran los primeros en recibir dinero".

Pérez recalcó que hay que ser muy serios en la escogencia de los miembros que conformen el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Pequeña Empresa.

Asimismo destacó que hay que tratar los millones de dólares que se han invertido en el Ministerio de Comercio e Industrias en préstamos políticos y que no han podido ser cobrados.

El dirigente indicó además que la Ley 9 es clara en cuanto a la designación de fondos para la promoción de la micro y pequeña empresa, y en los últimos años no se han desarrollado estos programas, lo que ha provocado que no existan recursos para los pequeños y medianos empresarios.

Para que el sector de la pequeña y mediana empresa prospere hay que reestructurar el concejo que actualmente rige los destinos del pequeño gremio empresarial, y le corresponderá al Ministerio de Comercio e Industrias realizar los cambios pertinentes.

Pérez indicó que el problema que atraviesa la pequeña y mediana empresa panameña no se solucionará con las altas tasas de intereses que la banca privada ofrece en concepto de préstamos para el sector, y denunció que "hay quienes consideran que el concepto de la pequeña empresa es para financiar a los millonarios", y este un concepto que debe desaparecer.

Por su parte, el viceministro de Comercio e Industrias, Ernesto Fernández, señaló que se revisarán las solicitudes hechas por los pequeños y medianos empresarios, y a partir de la fecha las anomalías denunciadas pasarán a manos del equipo de legal del MICI.

Señaló además que al Estado no le corresponde el manejo de los dineros que se destinan a los pequeños y medianos empresarios e invitó al gremio a reunirse el próximo 22 de octubre, para determinar los cambios que se le podrían efectuar a la Ley 9 de incentivos para la pequeña y mediana empresa.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9 del 19 de enero de 1989, además de los incentivos que otorga la Ley 3 de 1986, la micro y pequeñas empresas que se acojan a dicha ley gozarán de una exoneración total del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante los cinco primeros años, un 75% durante los cinco años subsiguientes y de un 25% durante la existencia del negocio.

Además serán exoneradas del 100% del pago de Impuestos de Timbres, en un 100% del impuesto de importación de los equipos de producción y mantenimiento, piezas y materias primas; de igual manera la Ley ofrece exoneración del 100% del Impuesto de Inmuebles durante los diez primeros años.

En su artículo 10 la Ley 9 establece que las empresas beneficiadas de los incentivos previstos están obligados a contribuir a la formación del Fondo de Promoción para la Micro y Pequeña Empresa, mediante una cuota equivalente al 2% de sus utilidades netas.

Para los pequeños y medianos empresarios, la Ley 9 ha sido violada en su totalidad porque se han favorecido grupos que no tienen nada que ver con ese sector, señaló Pérez.