Panamá
El pronunciamiento surge luego que el procurador Rigoberto González preguntara al ministerio si existe un acuerdo de concesión previo como dijo Cobre Panamá.
El 8 de marzo, el Gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con la minera. Foto: Archivo
El ministro de Comercio e Industrias (Mici), Jorge Rivera Staff, negó que exista un acuerdo de concesión con Minera Panamá antes de la firma del contrato, en respuesta a una solicitud enviada por el procurador de la Administración, Rigoberto González.
En el comunicado de Cobre Panamá que divulgaba que se irá a un proceso de arbitraje, la empresa escribió que lo hacía para defender sus derechos bajo el acuerdo de concesión que el Gobierno firmó con esta a “principios de este año”.
“Nos permitimos aclarar que ni el Gobierno de la República de Panamá ni el Ministerio de Comercio e Industrias han firmado a principios del presente año documento jurídico alguno titulado ‘Acuerdo de Concesión 2023’ que otorgue a la concesionaria Minera Panamá, S.A., derechos exclusivos para explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico cobre”, registra la nota del Mici enviada al procurador González.
Según el ministro Rivera Staff, la empresa minera quiso referirse al Contrato Ley No.406, en su cláusula No.46, que disponía que cualquier controversia deberá ser resuelta por arbitraje internacional en derecho de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
La sede de este organismo queda en Miami, Florida, Estados Unidos.
El contrato entre el Estado y Minera Panamá fue aprobado en Consejo de Gabinete el 14 de junio del presente año, sin embargo, a finales del año pasado, hubo incertidumbre, al Gobierno suspender las negociaciones.
El 15 de diciembre de 2022, el Consejo de Gabinete instruyó al entonces ministro de Comercio, Federico Alfaro, a que ordenara a la empresa el cese de operaciones.
A finales de febrero, la mina suspendió el procesamiento de minerales, atribuyéndolo a la negatividad de la Autoridad Marítima (AMP) de permitir las operaciones de carga en el puerto de Punta Rincón.
Fue el 8 de marzo de este año, cuando el Gobierno anunció “un acuerdo en el texto final del contrato de concesión que regirá las operaciones a largo plazo del proyecto Cobre Panamá”.
Lo demás sería historia, al ser aprobado por el Consejo de Gabinete, llevado al refrendo del Contralor General y a la Asamblea Nacional para su ratificación.
Después de estos procedimientos, regresaría al Ejecutivo para realizarles ajustes y en menos de una semana, fue aprobado por el Legislativo y sancionado por el Presidente de la República, lo que provocó las protestas que duraron más de un mes.
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