Minera dice que escuchó clamor popular e insiste en diálogo
Cobre Panamá ha aclarado que no ha iniciado arbitraje contra Panamá, aunque defendió la inversión que ha realizado en el país.
Cobre Panamá ha informado que su inversión en la mina supera los $10,000 millones. Foto: Internet
Cobre Panamá anunció que revisará el fallo de inconstitucionalidad del contrato ley 406, emitido por la Corte Suprema de Justicia, y reiteró su disposición a entablar un diálogo constructivo para definir el camino a seguir.
Según la empresa, desde un inicio ha operado de manera consistente con transparencia y estricto apego a la legislación panameña y el contrato que firmó con el Gobierno fue con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos y garantizar la protección del medio ambiente.
El lunes, Cobre Panamá, informó que antes que un arbitraje, lo que hizo fue notificarse para abrir un diálogo con el gobierno panameño que, bajo los tratados internacionales, se permite en un periodo de 90 días.
La notificación, asegura, no representa el inicio del arbitraje sino que intenta evitarlo mediante un arreglo entre las partes.
Cobre Panamá asegura que ha escuchado el clamor popular, tras más de un mes de protestas contra el contrato que regula su presencia en el país, por lo que está atenta a un diálogo para lo que seguirá.
“Nos mantendremos atentos al diálogo constructivo que permita definir un curso de acción que satisfaga ese clamor, al igual que los intereses y expectativas legítimas que emergen de una inversión realizada de buena fe en Panamá hace más de 20 años”, registra el comunicado.
Cobre Panamá insistió en recordar su contribución económica al país, que supera los $50 millones por semana, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), con más de 7,000 personas empleadas y 2,000 proveedores a los que aporta casi $20 millones semanales.
Los magistrados del Supremo panameño declararon inconstitucional el contrato por unanimidad y el fallo se suma a otra declaración similar de un primer contrato en 2018.
El marco legal reformado en las últimas semanas no permite al Gobierno negociar un nuevo contrato con la empresa minera, por lo que activistas que se manifestaron en contra del contrato, han dicho que lo procede es a activar un plan de cierre de la mina de Petaquilla.
Esto sin dejar de lado, la incidencia que pueda tener un arbitraje internacional.
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