La norma que regula el aumento de las matrículas en los colegios particulares no tiene un tope, por lo cual los padres de familia están expuestos a las decisiones de los colegios según sus criterios, que deben ser certificados por el Ministerio de Educación (Meduca).

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La norma solo establece procedimientos que deben cumplir los colegios así como la sustentación de los aumentos, y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) solo puede interferir si no se cumple con los mecanismos establecidos.

Ante esta situación, los padres de familia parecen estar sin defensión ante posibles abusos en los montos en que podrían incurrir algunos centros escolares.

Óscar García, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), dijo que la regulación del proceso está en manos del Ministerio de Educación (Meduca).

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"Nosotros cuando sentimos que no se cumple con la norma, entonces demandamos en la vía judicial porque no tenemos competencia para resolver a nivel administrativo estos casos", dijo.

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Explicó que la norma no prevé que haya topes. "Meduca debe velar porque se cumpla con todo lo establecido en el Decreto 601 de 2015. Si los colegios cumplen las etapas, plazos y sustentan los aumentos no es posible legalmente impedirlos".'

4

colegios sancionados por ventas atadas hasta primeros días de junio.

6

colegios particulares sancionados por no contar con información clara y veraz.

García considera que existe un vacío en la norma y explicó que en su momento plantearon que alguien (Acodeco, Meduca u otra entidad) debería validar los aumentos, pero la propuesta no fue respaldada.

"En la práctica una buena cantidad de colegios que aumentan hacen la debida sustentación, pero en efecto no hay límites que se puedan imponer desde el Gobierno para aquellos casos que quizás no estén justificados", explicó.

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Indicó que hay varios colegios que ya les han enviado sus nuevos costos para el próximo año lectivo.

De acuerdo con estadísticas de la Acodeco, para este año y otros pasados se registraron aumentos de hasta 60%.

"Solo si llegamos al convencimiento que se ha incumplido con el Decreto 601 es que podríamos actuar, por lo que es importante que si ha habido irregularidades, los padres de familia hagan las respectivas denuncias".

Giovanny Fletcher, representante de los consumidores, indicó que ante el método mediante el cual se aumentan las matrículas en estos colegios, los padres de familia están muy limitados, ya que la ley no regula ningún otro tipo de mecanismo que permita que estos aumentos se discutan, es decir, que están en condición de sometimiento frente a colegios particulares que aumentan cuantas veces quieran.

"Creemos que debe haber regulación que permita que los aumentos sean más discutidos y, además, tomar en cuenta que son administraciones privadas", dijo.

Reveló que los colegios privados ejercen una función social regulada y deberían tener elementos que se discutieran más y se viera si son justificados en la medida de la función de colegio que no pueden ser comparados con el nivel de ganancia de otras actividades porque su función supera la labor social.

A consideración de Fletcher, esta actividad frente al nivel del costo de la educación privada y cantidad de colegios, sigue siendo muy rentable frente a la situación de la educación pública.

De acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), la enseñanza preescolar y primaria aumentó 1.3%, mientras que la secundaria, 1.7%, en relación a igual periodo del año anterior.

El aumento en las matrículas se ha convertido en un dolor de cabeza para la clase media panameña.