'Panamá no quiere favores de la Unión Europa, sino justicia'

Con indignación reaccionaron diferentes sectores en Panamá, luego de la inclusión del país en la lista negra de la Unión Europea (UE), decisión que fue calificada como "arbitraria" y hasta "un acto hostil".

Incluso, algunos sectores consideran que Panamá debe aplicarles medidas de retorsión a las empresas europeas establecidas en el país.

Los ministros de Economía de la UE anunciaron ayer el reingreso de Panamá a la lista negra de paraísos fiscales, de la que había sido excluida en 2018. La UE no le comunicó a Panamá los criterios técnicos que usó para tomar esta decisión, ni le dio la oportunidad de defenderse.

Panamá ha hecho algunas modificaciones en sus leyes, como la que penaliza con cárcel la evasión fiscal y la que regula actividades no financieras como casinos o bufetes de abogados, pero los organismos internacionales miden en negativo los resultados de la implementación de estas leyes.

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El economista Felipe Argote considera que Panamá debe presionar y negociar porque hasta ahora lo único que ha hecho es aceptar lo que dicen los organismos internacionales.

"Panamá debe aplicar medidas de retorsión lo más pronto posible y luego seguir negociando, pero nunca de rodillas, como se ha venido haciendo. Ellos lo que quieren es que Panamá cierre el Centro Bancario porque están desesperados, debido a que ya no tienen el nivel de vida que tenían antes y quieren tenerlo sobre la base de que nosotros le recojamos los impuestos", indicó.'

400

mil sociedades fueron incluidas en un nuevo estatus en el Registro Público.

2016

se divulgó los "Panamá Papers", lo que provocó malos reportes al sistema financiero.

A juicio de Argote, hacer lo que la UE quiere le cuesta mucho dinero a Panamá y no tiene ningún beneficio, porque la única forma de que sus ciudadanos le paguen, es que no tengamos un Centro Bancario.

Argote aseguró que esto no se trata de terrorismo ni lavado de dinero, sino del cobro de impuestos a ciudadanos europeos que tienen negocios en Panamá. Sin embargo, advirtió, que esta medida podría expulsar a las empresas extranjeras del país.

Cifras de la Contraloría General de la República detallan que al tercer trimestre de 2019, la Inversión Extranjera Directa alcanzó $4,735.2 millones, con un incremento de 15.9%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Mientras que para los empresarios, la UE no ha tomado en cuenta el esfuerzo que ha hecho la actual administración; no obstante, pide que se continúe el diálogo con los europeos, antes de pensar en medidas de retorsión.

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La presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, Aida Michell de Maduro, señaló que la UE no investigó bien antes de incluir al país en su lista negra. Aseguró que el Gobierno tiene suficientes argumentos para salir de la lista negra, por lo que debe continuar con el diálogo antes de aplicar una medida de retorsión.

Por su parte, Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), coincidió con Maduro y agregó que Panamá debe exigir respeto por todo el esfuerzo que ha hecho para salir de las listas discriminatorias.

"Panamá no debe aplicar medidas de retorsión, sino más bien dialogar con el organismo internacional, con carácter de urgencia, para buscar una pronta salida de la lista negra", agregó el líder empresarial.

La decisión de la Unión Europea de incluir a Panamá en la lista de países no cooperadores en materia fiscal se sustenta en mediciones que cubren el periodo del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018.

De acuerdo con el Gobierno, la Unión Europea no consideró los esfuerzos que ha realizado en materia de transparencia fiscal.

En ese sentido, el presidente Laurentino Cortizo aseguró que es totalmente arbitrario que la UE haya incluido a Panamá en su lista negra, pero descartó decretar, por ahora, medidas de retorsión.

"No queremos un favor, sino que nos midan como miden a otros países y no sean arbitrarios. En Panamá se están estableciendo varias empresas europeas, las cuales no han tenido problema, por lo que queremos un trato igualitario", expresó el mandatario.

Recientemente, la viceministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, informó que "no se ha hecho una evaluación técnica de Panamá, no ha venido ningún equipo técnico y no nos han preguntado nada específicamente, entonces lo que hicieron fue que copiaron los resultados que dio el Gafi y la Ocde".

Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá rechazó enérgicamente la decisión adoptada por la Unión Europea.

"Panamá ha demostrado compromiso en su decisión de cooperar en la lucha internacional contra el delito tributario, y constituye un acto hostil por parte de la Unión Europea", señaló.

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