Procurador podría correr a 181 multinacionales

Panamá ha logrado consolidarse como un centro de sedes de empresas multinacionales (SEM) desde la creación de un régimen especial en octubre de 2018.

Hoy día están vigente 181 licencias SEM que han permitido convertir a Panamá en su sede regional para sus operaciones regionales, entre ellas las transnacionales Adidas y Procter & Gamble.

Ello ha generado la creación de miles de trabajos para nacionales y extranjeros, además de la inversión que ha llegado al país por parte de estas SEM.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), desde 2018 a la fecha las empresas acogidas a este régimen han invertido en Panamá mil 243 millones de dólares.

Ello también representa 3 mil 255 empleos de extranjeros y 3 mil 60 empleos de nacionales.Sin embargo, las SEM corren el riesgo de perder atractivo lo que podría dejar a miles de panameños sin trabajo en momentos de una de las peores crisis económicas por la que atraviesa Panamá.

Esto se debe que el pasado 11 de mayo el procurador de la administración Rigoberto González acogió una denuncia de inconstitucionalidad presentado por el abogado Bredio Alexander Peralta contra el último párrafo del artículo 13 de la ley 57 de octubre de 2018 que creó las SEM.

Se trata del artículo que le da las ventajas competitivas para que Panamá pueda a traer las sedes de las empresas multinacionales, lo que incluye exoneraciones fiscales y aperturas laborales especiales.

El exministro de Economía, Frank de Lima, advirtió que la demanda de inconstitucionalidad presentada pone en peligro la ley de Sedes de Empresas Multinacionales, la cual ha sido exitosa para que empresas como Dell, L'Oréal, Procter & Gamble, Adidas, entre otras, establecieran oficinas en Panamá para el manejo de sus operaciones regionales.

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"Trastocar esto pone en riesgo la seguridad jurídica del SEM lo cual genera miles de empleos bien remunerados y a la vez estos extranjeros alquilan casas, consumen en tiendas, restaurantes, y súper", advirtió De Lima.

Explicó que el tema de los incentivos que se crearon para atraer a las SEM está siendo mal explicado o visto desde una perspectiva errónea.

"Las empresas multinacionales acogidas a este régimen cuentan con incentivos fiscales como el no pago de impuesto sobre la renta, solo si la oficina funciona como un soporte administrativo, sin hacer ventas directas en Panamá. "Esa parte de retail si debe pagar impuesto", aclaró De Lima.El ex ministro también hizo sus aclaraciones sobre a que estas empresas se trasladan a Panamá con algunos de sus empleados claves, a los cuales se les deja exentos del pago de impuestos.

"Pero la realidad es que a estas empresas les cuesta más tener a un extranjero laborando en vez de un panameño, pero son pocos los nacionales que cumplen con el perfil, habilidades o experiencia que requieren estas empresas.

Por eso tienen que traer a extranjeros, incluyendo el pago de su vivienda, costo de la educación de sus hijos, etc., para que los ejecutivos estén dispuestos de irse de sus países de originen para venir acá".

Parte de ese incentivo que busca cubrir esta desventaja es la exoneración del pago de impuesto. De Lima señaló que este trato también lo tienen los funcionarios de Organizaciones como el PNUD, Banco Mundial, BID, entre otros.

En tanto, el procurador González no solo acogió la denuncia de Alexander, sino que solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la base del régimen de la SEM, poniendo en riesgo todo lo logrado a la fecha.

Esto sin hacer la diferencia de que las exoneraciones establecidas solo aplican para las operaciones externas que realicen estas empresas desde Panamá.

Ya a nivel local, las operaciones si deben pagar impuestos en igual condición que los nacionales.

Pero González parece ignorar el alcance de la ley de las SEM. Uno de los puntos cuestionados por el denunciante original y que es avalado por González es que la ley de las SEM considera exento del impuesto sobre la renta y de las cuotas del seguro social y seguro educativo aquellos salarios y otras remuneraciones laborales, incluido el salario en especie, que reciban las personas poseedoras de una visa personal permanente de SEM.

Sostiene que esto va en desmedro de los derechos y de las normas de vida del trabajador nacional. Incluso afirman que se trataría de un privilegio en detrimento de los panameños que es violatorio a la Constitución Política de Panamá.

El Procurador González va más allá y afirmó en su pedido a la Corte que estos privilegios también infringen el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, adoptada en nuestro país en 1977 el cual establece que todas las personas son iguales ante la ley.

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