Según empresarios
Prohibir explotación de recursos afectaría el desarrollo
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Gremios recalcan que en un ambiente de tranquilidad se le podría explicar a la población que existen tecnologías para mitigar los impactos ambientales.
Avanzar hacia una matriz económica que implique explotar los recursos naturales del país sería muy difícil en un escenario de rechazo ciudadano, expuso el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo.
Para el empresario es clave contar con un ambiente en el que impere la racionalidad, lejos de las emociones y pasiones.
Las declaraciones de Castillo se enmarcan en el enfoque del movimiento "Panamá vale más sin minería" y en cómo este tipo de posturas imposibilitarían de forma permanente aprovechar los recursos minerales.
"Panamá es un país que tiene recursos importantes, por ejemplo yacimientos de cobre, fundamentales para la transformación energética. Si hay petróleo, que se ha dicho, tendríamos una estructura que nos permitiría el desarrollo social en temas de salud, educación y demás. Sin embargo hay una realidad que podría definirse como licencia social", dijo Castillo al canal estatal.
La licencia social hace referencia a la aprobación ciudadana en torno al tema, la cual no debe obviarse.
El ejecutivo considera que en un ambiente de tranquilidad se le podría explicar a la población que existen tecnologías para mitigar los impactos ambientales, mostrar la experiencia de otros países y presentar un plan de desarrollo que permita que esos recursos impacten en la vida de la sociedad.
"Tendríamos que centrarnos en el desarrollo del país, pensar en su destino, sin preconceptos", agregó.
La Cámara Minera de Panamá, por su parte, ha advertido que la actividad se ha satanizado.
"Nadie ha presentado las pruebas de que la minería contamina", destacó esta semana Zorel Morales, director ejecutivo de la Camipa.
Morales también pidió no dejarse llevar por el apasionamiento, el hecho de que alguien dijo algo o por un sentimiento, sin recurrir a los hechos.
El presidente de Camipa advirtió que en un escenario de inconstitucionalidad, lo mejor sería que las partes se sienten, negocien o reformen el contrato y que siga el proceso.
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