Recomendación del BID para superar desafíos del país

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) describe los desafíos que Panamá enfrenta en el desarrollo de infraestructura en cuatro sectores específicos como energía, telecomunicaciones, transporte y agua y saneamiento.

Destaca que en el 2015 Panamá invirtió aproximadamente $2.274.7 millones de dólares es decir el 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura.

Más del 99% de estas inversiones estuvo a cargo del sector público, indica el estudio.

Entre las recomendaciones, el Bid indica que en transporte, debe desarrollarse servicios logísticos de valor agregado que complementen el Canal de Panamá, así como incorporar tecnología para el seguimiento y rastreo de carga para mejorar los procesos aduaneros.

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También resalta la importancia de promover la participación del sector privado en el financiamiento de infraestructura y mejorar la conectividad interna, priorizando criterios productivos.

"El desarrollo de los servicios complementarios del Canal podrían tener un impacto en el aumento de la productividad y en la reducción de las desigualdades territoriales", indica el BID.

$250

millones para mejora del IDAAN.

En cuanto a energía resaltó que con el fin de aumentar la capacidad y diversificar la generación eléctrica, así como fomentar la competencia en el mercado mayorista, se recomienda actualizar el marco normativo para incentivar la generación renovable, promover el uso del gas natural y fortalecer la integración eléctrica regional a través del Mercado Eléctrico Regional y la eventual interconexión con Colombia.

En materia de extensión de la cobertura eléctrica en zonas rurales, se recomienda rediseñar los subsidios considerando las condiciones específicas de la población y de la zona de operación.

El consumo de energía durante el primer bimestre de este año aumentó 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, otro de los puntos en los que el Bid dio recomendaciones fue en el Agua y Saneamiento, en donde señala que en conjunto con el fortalecimiento y la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, es necesario robustecer la institucionalidad del sector y explorar alternativas para la participación privada, ya sea en esquemas que aumenten la seguridad hídrica e incorporen nuevas tecnologías.