Relación deuda-PIB cerca de igualar el límite óptimo recomendado por organismos internacionales
El Colegio de Economistas de Panamá lanza la alerta sobre la relación de la deuda pública con el producto interno bruto y sus repercusiones.
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda pública se ubicará al cierre de 2019 en 29 mil 419 millones de dólares.
La relación deuda - producto interno bruto (PIB), que en Panamá alcanza ya el 38%, es motivo de preocupación para economistas y empresarios, ya que podría generar una recesión económica.
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda pública se ubicará al cierre de 2019 en 29 mil 419 millones de dólares, mientras que para el 2020, el déficit fiscal se calcula en $2,000 millones.
Al presidente del Colegio de Economistas, Samuel Moreno, le preocupa que la relación de la deuda pública con el PIB alcanza ya el 38%, cuando los organismos internacionales recomiendan que no pase del 40%, lo que generaría una recesión y carga muy grande de la deuda.
Mientras que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio De La Lastra, enfatizó que si se incrementa la relación deuda-PIB, se conduciría a una recesión. No obstante, opina que hay que evaluar todo lo que está sucediendo en el contexto local, ya que el Gobierno actual ha recibido las finanzas "muy precarias".
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"Para nadie es un misterio que hubo una recesión muy fuerte en los últimos cinco años y hoy día le toca al Gobierno adoptar ciertas acciones. Somos optimistas y en el sector privado estamos dejando que el Gobierno pueda poner en marcha todos los esfuerzos y todas las acciones que van a conllevar a mejorar la economía", subrayó.
El mal manejo de las finanzas públicas durante la administración de Juan Carlos Varela ha llevado a las nuevas autoridades a modificar el Presupuesto del Estado para la vigencia de 2020 por $23 mil 316 millones, es decir, $350 millones menos de lo propuesto por la gestión anterior.
El proyecto de ley que fue presentado ante la Asamblea Nacional plantea que de cada dólar de gasto proyectado para el 2020, unos 52 centavos se destinan a gastos de operación, 33 centavos al Programa de Inversiones y 15 centavos al servicio de la deuda.
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Los organismos internacionales recomiendan mantener la deuda pública por debajo del 40% del PIB, sin embargo, el Gobierno anterior la dejó en un 38%, es decir muy cerca del límite, lo que exige un mayor plan de austeridad.
La Ley de Responsabilidad Social y Fiscal es clara en su artículo 12 al señalar que la política fiscal del Gobierno estará orientada a reducir el nivel de la deuda pública neta del Sector Público No Financiero como porcentaje del producto interno bruto nominal, de manera que se pueda lograr que el pago de intereses pierda importancia relativa con relación a los ingresos corrientes.
Es decir, cuando el saldo de la deuda pública neta del Sector Público No Financiero se reduzca hasta no menos de un 40% del PIB nominal en un periodo de siete años, el Gobierno deberá establecer metas parciales, de tal manera que se cumpla con esta ley.
En este mismo sentido, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostienen que "se puede decir que un país alcanza la sostenibilidad de la deuda externa si puede cumplir con sus obligaciones de servicio de la deuda actuales y futuras en su totalidad, sin recurrir a reprogramaciones o la acumulación de atrasos y sin comprometer el crecimiento".
De hecho, al tomar las riendas del país, el presidente Laurentino Cortizo aprobó el programa de "austeridad con eficiencia, hacer más con menos", que consiste en una reestructuración del presupuesto y la creación de una política fiscal eficiente.
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El Gobierno heredó niveles de déficit fiscal que superan más del doble de lo que permite la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, así como de obligaciones por pagar al 31 de diciembre de 2018 que suman $1,100 millones, sin considerar las cuentas por pagar a la Caja de Seguro Social.
El ministro de Economía, Héctor Alexander, dijo que hay varias acciones que se están haciendo para reactivar la economía del país, como el pago de $1,600 millones a los proveedores que esperan terminar al final del año, a los bancos en menos de 30 días y que están trabajando por mantener un clima de confianza y que se sienta el optimismo en el país.
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