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Sillicon Valley y el Estado se preparan para una guerra

Se definen las líneas en la batalla de Estados Unidos contra las empresas tecnológicas por los distintos ataques regulatorios.

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Oracle es una de las empresas a las que se les investiga y se les ha pedido información para algún caso. Foto: Pixabay.

SAN FRANCISCO Y WASHINGTON — El proyecto de ley presentado ante el Senado de Estados Unidos parece un manual de código para desarrolladores de software. Propone prohibir la función de “scroll infinito”, que permite que las aplicaciones de las redes sociales muestren más contenido conforme los usuarios deslizan la pantalla hacia arriba, al igual que las listas automáticas de reproducción de videos. También pretende que las redes sociales muestren cuánto tiempo pasan los usuarios en esas plataformas y fijen un límite máximo de treinta minutos por día.

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No es que los padres con hijos adolescentes deban alimentar muchas esperanzas: no es probable que se apruebe este proyecto, designado Ley Tecnológica para Reducir la Adicción a las Redes Sociales. Sin embargo, el simple hecho de que exista, y que lo haya presentado un senador republicano (Josh Hawley de Misuri), es una señal de cuán rápido ha cambiado la marea en Washington en contra de las grandes empresas tecnológicas. Tras permitirles hacer prácticamente lo que quisieron durante décadas, el Estado está listo para lanzarse al contraataque. Cuenta con el apoyo de los electores: una encuesta reciente reveló que dos de cada tres estadounidenses respaldan la idea de dividir a estas empresas.

Los gigantes tecnológicos están preocupados. Sus directores, que en otras épocas solo realizaban visitas esporádicas a la sede del gobierno federal, ahora son visitantes regulares. El mes pasado, Mark Zuckerberg pasó una semana ahí para sostener reuniones con el presidente Donald Trump y algunos legisladores. El 1 de octubre, se dio a conocer una grabación en la que el jefe de Facebook describe los planes de la senadora Elizabeth Warren, demócrata de izquierda que aspira a la presidencia, para desbaratar su empresa y otras que considera una amenaza “existencial”. La controladora de Google, Alphabet, contrató a un antiguo jefe de Gabinete de un senador republicano para organizar sus actividades de cabildeo. Wall Street quiere saber qué significan todos estos acontecimientos para los modelos de negocios de las empresas más grandes de Estados Unidos. Microsoft, Apple, Amazon y Alphabet son las cuatro empresas más valiosas del mundo que cotizan en bolsa. Si les sumamos a Facebook, que ocupa el sexto lugar en esa clasificación, tienen un valor combinado de $4,3 billones.

Los aficionados a las inversiones en empresas tecnológicas pueden argumentar, con fundamento, que esta frenética actividad en el fondo no es más que un movimiento tenue, que solo en contados casos amerita una señal de alarma. Aunque la guerra comercial ha hecho mella en los precios de las acciones de algunas empresas tecnológicas, hasta ahora ninguna ha recibido un golpe grave como consecuencia de la dura reacción en su contra en casa. De cualquier forma, comienzan a vislumbrarse los esbozos de un plan de batalla en contra de esa industria. Este plan cuenta con dos ramas. Los funcionarios buscan estipulaciones en la legislación actual que les permitan ir tras estas compañías, en especial en el tema de prácticas que afectan la competencia. Por su parte, los políticos se dedican a redactar nuevas leyes. Ninguna de estas ramas ha logrado armar todavía un ataque sólido, pero ambas presagian una batalla prolongada.

Un primer paso han sido las investigaciones. El Departamento de Justicia (DJ), la Comisión Federal de Comercio (CFC) y el subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes ya realizan investigaciones. Algo que parece indicar que el nuevo jefe de Alphabet podría mantenerse muy ocupado es que el mes pasado un comité del Congreso envió a la empresa una carta de diecisiete páginas en la que solicita que entregue correos electrónicos de los altos ejecutivos intercambiados en la última década con respecto a varios temas. Además, el 9 de septiembre, 48 fiscales generales de los estados arrancaron una investigación sobre la empresa en relación con actividades antimonopólicas. Se espera que cualquier día de estos el fiscal general, William Barr, anuncie que investigará a Facebook.

Estas medidas, en su mayoría, hasta ahora no pasan de ser una especie de caza a ciegas. Todavía no se determina con precisión cuál será su alcance. Ni siquiera está claro cómo se hará la división del trabajo entre los distintos investigadores. Aunque se dice que llegaron a un acuerdo en junio, el DJ y la CFC todavía no deciden cuál de los titanes tecnológicos será su objetivo, como se hizo evidente cuando algunos senadores interrogaron a Makan Delrahim, encargado de la división antimonopolio del DJ, y al presidente de la CFC, Joe Simons, el 17 de septiembre.

Incluso si la CFC y el DJ exigen medidas radicales, como una división, y logran convencer a algunos tribunales menores, la mayoría de los jueces de los tribunales federales de apelación (y qué decir de la mayoría conservadora de la Corte Suprema) se han mostrado renuentes a adoptar una postura inflexible con respecto a las disposiciones antimonopolio, pues tienen bien grabadas las viejas enseñanzas de la Universidad de Chicago, que apremia a las autoridades a dejar en paz a las empresas mientras no dañen a los consumidores.

En todo caso, la línea general de ataque ya es clara. Se cuestiona a Amazon, Apple y Google por su dominio en el comercio electrónico, las tiendas de aplicaciones y los motores de búsqueda, respectivamente. Google y Facebook están bajo la lupa por la publicidad en línea, esfera en la que dominan. Los gigantes tendrán que demostrar que comprar empresas emergentes como CTRL-Labs (desarrolladora de interfaces cerebro-computadora que Facebook adquirió hace poco) no es tan solo una estrategia para neutralizar a sus rivales.

Algo similar ocurre en Capitol Hill. Se han multiplicado los proyectos de ley que pretenden regular la industria tecnológica. Tan solo Hawley ha presentado más de cinco desde que comenzó funciones en el Senado en enero. Además de temas como la adicción que causa la tecnología, se refieren a la privacidad de los niños, los juegos en línea y los moderadores de contenido. En algunos de estos proyectos también han participado demócratas. Uno de los proyectos, que propone la llamada Ley del Tablero (no pregunten, por favor), pretende exigir a las plataformas en línea divulgar el valor de los datos que recaban sobre los usuarios; Mark Warner, quien solía invertir en empresas en primeras fases, ayudó en su preparación. Otro, que cuenta con el apoyo de Richard Blumenthal y Ed Markey, propone prohibir que los juegos de video permitan a sus jugadores (incluso los menores de edad) pagar una cuota para recibir premios aleatorios, un esquema muy parecido a las apuestas.

A excepción de un proyecto de ley federal sobre privacidad, que las empresas tecnológicas han promovido antes de la entrada en vigor de una estricta ley estatal de California que, de hecho, será una legislación nacional, quizá la mayoría de estas propuestas no lleguen muy lejos. Los procedimientos de “impeachment”, o juicio político, en contra de Trump tendrán ocupados a los legisladores durante varios meses. Si resulta electa el año próximo, Warren quizá no consiga apoyo para sus ideas en el Senado si, como es muy probable, sigue bajo control republicano.

En todo caso, los gigantes tecnológicos estarán bajo fuego independientemente de quién llegue a la presidencia. Tanto las dependencias de gobierno como los políticos están en una “curva de aprendizaje muy empinada”, comentó un miembro de otro grupo de presión. La CFC cuenta con un “grupo de trabajo dedicado a la tecnología” y dos comisionados activistas. Uno de ellos, Rohit Chopra, comenzó con acciones en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, donde promovió la reforma del sistema de préstamos estudiantiles en Estados Unidos. La Cámara de Representantes contrató como asesora a Lina Khan, autora de un artículo muy influyente acerca del poder de Amazon.

Tanto los promotores del combate a los monopolios como los legisladores intentan recopilar información. Además de la carta dirigida a Google, el comité antimonopolio envió solicitudes de información a Amazon, Apple, Facebook y decenas de empresas más. El fiscal general de Texas hizo lo propio con Oracle, desarrolladora de software y antigua enemiga de Google. Se rumora que Snap, empresa de redes sociales, conserva un expediente en el que documenta las acciones de Facebook en detrimento de la competencia, y sin duda estaría dispuesta a compartirlo con los reguladores y el Congreso.

Los gigantes tecnológicos no se han quedado de brazos cruzados. Sus cabilderos intentarán refutar las propuestas radicales y cuentan con un escuadrón de abogados a su servicio. Las empresas se han ido adaptando para estar preparadas cuando se concreten las reglas. Por ejemplo, Facebook, Google y otras planean ajustes para que a los usuarios les sea más fácil mover sus datos de un servicio a otro. Ni Silicon Valley ni Washington se aprestan para un bombardeo. Más bien, hacen preparativos para una desgastante guerra de resistencia.

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