Suspensión de la minería no metálica afecta construcción

Una escasez de materiales de construcción y un alza en sus precios serían las consecuencias que traerían la decisión del Gobierno de suspender las concesiones para la minería metálica en el país.

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La iniciativa fue anunciada por el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, quien informó que aunque "la moratoria de la minería metálica es 'de facto' (sin reconocimiento jurídico), el presidente ha indicado que no habrá más concesiones hasta que no se vea el éxito de las ya aprobadas".

Una situación que ha generado la reacción de los empresarios tanto del sector minero, como de la construcción, a quienes les preocupa el incremento del valor de los materiales y el aumento de la extracción ilegal de los mismos.

Zorel Morales, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), señaló que por experiencias de países en donde se ha prohibido este tipo de minería, lo que se ha incentivado es la ilegalidad en la extracción de este tipo de materiales.

Añadió que otra de las consecuencias que traería consigo es que se dé un aumento en los precios de los materiales de construcción.

Agregó que en una industria creciente como la de la construcción, la demanda de materiales para seguir su desarrollo es grande, por lo que se podría afectar la industria considerablemente.

“Hoy en día existen los proveedores naturales que existían hace dos años, no están entrando otros nuevos al mercado, lo que quiere decir que mientras la demanda crece, la oferta se mantiene estática”, destacó Morales.

Resaltó que al mantenerse estática la oferta frente a una alta demanda se produce escasez, por lo que aumentan los precios de los materiales.

A juicio del empresario, la decisión del Gobierno de suspender estas concesiones se da por consideraciones político - ambientalistas por parte del Estado.

De acuerdo con un estudio, en Panamá, en el caso de los materiales no metálicos, cerca del 40% del material que se produce se hace de forma ilegal, situación con la cual el Estado deja de percibir ingresos, según señaló el presidente de la Camipa.

Manifestó que en todo el país se da la extracción de material ilegalmente, sobre todo cerca de aquellas zonas en donde hay material de buena calidad como en Panamá, La Chorrera , Colón, Chiriquí, etc.

De igual manera, Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), considera que suspender las concesiones para la extracción de productos no metálicos traerá consigo un grave problema en el suministro de materiales para la construcción.

Resaltó que esta situación no afectará solo a los grandes empresarios del sector construcción, sino también a aquellas personas que en algún momento del año desean hacer alguna remodelación.

Agregó que esto pone en peligro el sustento de muchas familias panameñas, ya que estos dos sectores son generadores de buenos empleos por excelencia.

Destacó que sería prudente que el ministro Arrocha le explicara un poco mejor a los generadores de materiales y a los que lo usan, en qué se basan para tomar estas decisiones de suspender estas concesiones.

Resaltó que le preocupa que el ministro hable de una suspensión “de facto”, cuando en la Asamblea Nacional todavía no se ha aprobado el proyecto que establece una moratoria indefinida para la exploración y explotación de materiales metálicos y no metálicos.  

Añadió que con este tipo de decisiones, cada vez se alejan más las posibilidades de los empresarios de poder abastecer el mercado local de casas mucho más económicas.

De acuerdo con cifras de la Contraloría, hasta septiembre se ha producido en el país un millón 164 mil 703 metros cúbicos de concreto premezclado, lo que demuestra una reducción de 34.7%, comparado con el mismo periodo de 2014, cuando se produjo un millón 783 mil 676 metros cúbicos de concreto.

Mientras que la producción de cemento gris es de un millón 537 mil toneladas métricas, lo que muestra una caída de 9.1% comparado con septiembre de 2014, cuando se produjo un millón 691 mil 148 toneladas.

En tanto, Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), destacó que ellos están de acuerdo con la suspensión por parte del Gobierno de este tipo de concesiones.

Agregó que los gobiernos no deben caer en la trampa de las amenazas de estos grupos económicos de que este tipo de decisiones aumentarán los precios.