Suspensión de los contratos sería avalada hasta diciembre

La crisis sanitaria del coronavirus tendrá un gran impacto laboral en Panamá dejando a 300 mil desempleados que se unirán a los 146 mil existentes, y además ocasionar una crisis social sin precedentes, así lo pronostican economistas y autoridades.

Actualmente, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) mantiene registrados 266 mil contratos suspendidos de unas 17 mil empresas que han presentado solicitudes.

No obstante, con la reapertura de varios negocios en los bloques 1 y 2 se ha reactivado una pequeña parte de esos contratos suspendidos: 25 mil contratos.

Ante esta situación, la ministra de Trabajo, Doris Zapata presentará hoy un proyecto de ley, el cual establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.

Entre los temas sobre los que se proponen crear nuevas normas laborales, de carácter temporal, están: la extensión de las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo, pago de la segunda y tercera partida del décimo tercer mes del año 2020, el registro de los acuerdos mutuos para la terminación de las relaciones laborales, el cálculo de la prima de antigüedad y el fuero maternal para trabajadoras con contratos suspendidos y otras consideraciones.

La ministra Zapata explicó que esta Ley busca proteger los derechos de los trabajadores, ofrecer estabilidad jurídico-laboral para los empleadores y fortalecer las relaciones laborales con normas claras.

"Este proyecto es el resultado de las consultas hechas a los trabajadores, a empleadores y a recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo.'

25

mil contratos han sidro reactivados con la areapertura de los bloques 1 y 2.

Los debates que se dieron en mesa tripartita de diálogo por la Economía y el Desarrollo Laboral fue una pieza clave para unificar criterios que den como resultado una propuesta de ley integral", dijo la ministra.

Sin embargo, las organizaciones sindicales aseguraron que se mantienen en alerta para que ninguna de las medidas que se adopten impliquen la modificación o alteración del Código de Trabajo.

Eduardo Gil, secretario general de la Confederación Convergencia Sindical y representante de los trabajadores en la Mesa Tripartita, consideró que el gobierno tiene la responsabilidad de adoptar políticas públicas para garantizar los derechos laborales y el empleo decente, además de garantizar los ingresos básicos de la población.

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"La suspensión de los efectos del Contrato de Trabajo no pueden imponerse a los y trabajadores sin garantizarles los medios esenciales para sostener su familia", añadió Gil.

Desde hace cuatro meses las jornadas laborales en el país cambiaron, por lo que el gremio ha solicitado reglamentar los Acuerdos de Modificación de la Jornada Laboral establecidos en el Código de Trabajo.

Para ello el gremio presentó nueve puntos, de los cuales se lograron consensuar seis: el estricto cumplimiento del artículo 159 del Código de Trabajo, que los acuerdos de reducción de la jornada por razón de la crisis, solo podrán llegar hasta el 31 de diciembre de 2020 y que los descuentos que tenían los trabajadores y las trabajadoras sobre sus salarios por compromisos con terceros desde antes de la crisis, se reducirán proporcionalmente.

Sin embargo, no llegaron a un acuerdo en la creación de un bono o subsidio para compensar los ingresos de los trabajadores afectados con la reducción de la jornada laboral y la necesidad de establecer un límite para el número de horas diarias o semanales.

Hasta agosto de 2019, Panamá tenía una tasa de desempleo de 7.1% (146 mil 111) y para este año podría llegar al 20%, es decir un total de 460 mil personas se quedarían sin trabajo, lo cual es bastante preocupante.

Para el experto en temas laborales, René Quevedo la sostenibilidad laboral es imposible sin generación de ingresos y sostenibilidad financiera de las empresas, peor en un entorno de estrechez fiscal, que dificulta la intervención estatal.

"De tal manera que la extensión de la vigencia de los contratos suspendidos dependerá directamente de las perspectivas de viabilidad financiera de la empresa luego de cuatro meses sin ingresos, que a su vez dependerá de la rapidez con la cual se pueda reactivar la demanda por sus productos y servicios. Lamentablemente, muchas empresas no van a superar la crisis", expresó Quevedo.La COVID-19 traerá una catástrofe laboral a Panamá.

Al final del 2020 habrá entre 250 mil y 300 mil nuevos desempleados, que se sumarán a los 146 mil ya existentes para llevar la tasa de desempleo por encima del 20%, la más alta de la historia, y ocasionar una crisis social sin precedentes.

Unos 125 mil a 150 mil de esos nuevos desempleados serán trabajadores formales. El impacto es inminente e inevitable, manifestó el experto.Agregó que sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no hay empleo.

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