Panamá
UE sustenta dos razones para mantener a Panamá como Paraíso Fiscal
- Redacción / econoní[email protected] / @Panamá America
El Consejo consideró que Panamá tiene un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras y aún no ha resuelto estos problemas.
La Bahamas, Belice, Seychelles y las Islas Turcas y Caicos fueron eliminadas de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, no obstante, Panamá y otras 11 jurisdicciones no llenaron la expectativas para ser excluida de la lista discriminatoria.
El Consejo concluyó que Panamá no tiene una calificación de al menos “Mayormente Cumplido” por el Foro Global para el intercambio de información previa solicitud.
Así mismo, consideró que Panamá tiene un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras y aún no ha resuelto estos problemas.
De esta manera, Panamá se mantiene en la lista de Paraísos Fiscales junto a Samoa Americana, Anguila, Antigua y Barbuda, Fiyi. Guam, Palaos, Panamá, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de EE.UU y Vanuatu.
El Consejo lamentó que estas jurisdicciones aún no cooperen en materia fiscal y las invita a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas identificados.
Así concluyó el Consejo sobre la lista revisada de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, aprobado por el Consejo de Asuntos Generales en su reunión celebrada el 20 de febrero de 2024.
El organismo reiteró la importancia de promover y reforzar la buena gobernanza fiscal normas, incluso en el ámbito de la fiscalidad justa y la transparencia fiscal, y de la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel mundial.
La lista se actualiza dos veces al año para realizar un seguimiento de los acontecimientos, normalmente en febrero y octubre, bajo los auspicios de los ministros de Finanzas de la UE.
La próxima revisión de la lista está prevista para octubre de 2024.
El Consejo decidió en marzo de 2019 limitar las actualizaciones de la lista a dos veces al año a partir de 2020, para dar a los Estados miembros de la UE tiempo suficiente para modificar la legislación nacional cuando sea necesario.
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