Katalina, una estudiante de enfermería de 20 años de Barquisimeto, al noroeste venezolano, emigró el año pasado cuando las condiciones de vida se volvieron insostenibles. Vivió 11 meses en Perú, pero sus anfitriones eran hostiles con los inmigrantes venezolanos, especialmente las mujeres, por lo que consiguió muy pocas oportunidades laborales.

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En junio se mudó a Chile, justo en el momento en que el gobierno empezó a endurecer las leyes para venezolanos inmigrantes y comenzó a deportar a quienes no tuviesen la documentación requerida. Katalina se coló por la frontera de noche, temiendo pisar una mina terrestre sembrada por Chile en el desierto en los años 70. Se está quedando con un amigo en Santiago, la capital de Chile, mientras espera un permiso de residencia que le permita quedarse.

“Lo único que quiero es que mi situación se regularice”, afirmó.

La odisea sembrada de obstáculos de Katalina se está convirtiendo en la norma de los venezolanos que han decidido huir del país y que, desde el 2014, suman ya los 4 millones. Quizás medio millón más, contando a los que se han colado ilegalmente por las fronteras.

El 26 de agosto, Ecuador también empezó a endurecer los requisitos de entrada al país, y ahora, al igual que Perú y Chile, exige a la mayoría de los venezolanos que presenten un pasaporte y un registro de antecedentes penales, documentos difíciles de conseguir. Por el momento, Brasil y Colombia han mantenido abiertas sus fronteras.

Estas trabas no detendrán a los venezolanos de huir del caos y la represión que enfrentan en su país natal. La Institución Brookings pronostica que a menos que la democracia y la estabilidad retornen, para finales del 2020 el éxodo podría superar los 8 millones de personas, un cuarto de la población. Incluso suponiendo que las condiciones mejoren, no todos volverán y aquellos que decidan retornar, tardarán en hacerlo.

“Aun si se hallara una solución política hoy, estamos encarando un complejo conjunto de necesidades para los próximos dos años”, afirmó Eduardo Stein, representante especial de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados y migrantes de Venezuela y la Organización Internacional para las Migraciones.

Hasta ahora, el mayor desplazamiento de personas en la historia de América Latina no ha causado mayor revuelo internacional. En parte, esto se ha debido a que el desplazamiento ha sido principalmente por tierra y no ha sido causado por guerras o desastres naturales. Cuatro quintos de los inmigrantes han permanecido dentro de la región. La buena voluntad con la que hasta ahora la mayoría de los países vecinos los han recibido, les ha permitido a otros ignorar la crisis. Los donantes extranjeros han dado solo 100 dólares por cada inmigrante venezolano, en comparación con los 5.000 dólares por cada uno de los 5,6 millones de refugiados de Siria.

Sin embargo, ante la prolongación de la crisis en Venezuela, los países de destino están enfriando su cálida bienvenida inicial. Los nuevos refugiados son más pobres que los de las primeras oleadas. Están llegando a países donde el crecimiento económico es lento, los buenos empleos son escasos y los presupuestos para educación y salud son ajustados. Las promesas iniciales para cooperar con el flujo de inmigrantes se han roto. Esos portazos han incrementado el número de inmigrantes no autorizados, los cuales son vulnerables a ser explotados por sus empleadores o reclutados por grupos criminales.

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Esta situación le ha incrementado la carga a Colombia, que sigue siendo el país de destino más receptivo. Esto se debe en parte a que no puede vigilar los más de 2250 kilómetros que conforman la frontera con Venezuela. Este flujo aporta aún más caos a una frontera de por sí plagada por grupos guerrilleros apoyados por el gobierno de Venezuela. En la actualidad, en la parte sur de su frontera, Colombia debe lidiar con una acumulación de refugiados que pretendían entrar a Perú y Ecuador. Y aunque los venezolanos probablemente impulsen el crecimiento económico en sus nuevos países, pocos gobiernos aprecian esa oportunidad.

Los países de destino han evitado establecer campamentos y han preferido con acierto integrar a los venezolanos a sus sociedades. Brasil está reubicando a los inmigrantes del estado fronterizo de Roraima a otras ciudades más al sur. Los venezolanos tienen diversas profesiones. En julio, tres quintos de las personas que tomaron el examen necesario para ejercer como médico en Chile fueron doctores venezolanos buscando la revalidación. En Colombia, los venezolanos cubren la escasez de mano de obra en las industrias del café y la floricultura.

Los inmigrantes que resaltan son los que están en las esquinas pidiendo dinero o vendiendo dulces. Estos trabajadores sin formación aumentan la fuerza laboral informal en países donde una enorme proporción de los trabajos ya son de por sí informales. En Trinidad, muchas mujeres consiguen trabajo en bares y clubes, y algunas caen en la prostitución. En los pueblos de la frontera colombo-venezolana, la cantidad de personas en situación de calle se ha disparado. En Boa Vista, la capital de Roraima, la población de 400.000 incluye ahora más de 50.000 venezolanos.

“Hemos perdido el control de la ciudad”, afirmó la alcaldesa Teresa Surita.

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Aunque están dejando entrar menos venezolanos, los gobiernos se esfuerzan en proveer servicios a los que ya han llegado. Eso es un gran reto. Los hospitales en Roraima tienen escasez de personal, en parte porque Cuba retiró a sus doctores tras las hostilidades del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. El gobierno de Colombia estima que el costo de proporcionar atención médica, educación y otros servicios a los venezolanos significará el 0,5 por ciento de su producto interno bruto este año, alrededor de un quinto del déficit presupuestario previsto. Ecuador, cuyo gobierno altamente endeudado ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional para ayuda financiera, gastará 170 millones de dólares en salud y educación en quienes tengan “visa excepcional humanitaria” y en los venezolanos que llegaron antes de que el reglamento de visado tuviese efecto.

“La gente solía compadecerse por los venezolanos, pero ahora hay temor por la delincuencia” afirmó Amparo Goyes, una residente de Tumbaco, un barrio de Quito, la capital de Ecuador. En enero, el apuñalamiento de una mujer embarazada ecuatoriana a manos de su exnovio venezolano desencadenó ataques a inmigrantes en la ciudad norteña de Ibarra y contribuyó a la decisión de endurecer los requisitos de entrada. Una encuesta realizada por el gobierno de Perú reveló que el 86 por ciento de los peruanos cree que será víctima de algún delito el próximo año.

Dichas tensiones están endureciendo las opiniones. Una encuesta de Gallup publicada en junio reveló que, por primera vez, el apoyo de los colombianos para aceptar refugiados cayó por debajo del 50 por ciento. La “imagen negativa” de los venezolanos aumentó al 67 por ciento, el nivel más alto de todos los tiempos. Una encuesta realizada por la encuestadora CADEM publicada en julio, reveló que el 73 por ciento de los chilenos aprobaron las medidas severas del gobierno y el 83 por ciento respalda restricciones migratorias. En Trinidad, los políticos de oposición han pedido controles más estrictos para los venezolanos.

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Colombia no tiene esa opción. Ha sido un modelo a seguir al emitir permisos que autorizan a 700.000 venezolanos a trabajar y obtener servicios públicos durante al menos dos años. Colombia planea emitir permisos a los inmigrantes que no tengan la documentación adecuada y permitirles quedarse si consiguen un empleador. En marzo, la mayoría de los partidos políticos con miembros en el Congreso, firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a no agitar resentimiento contra los venezolanos en las campañas de las elecciones regionales del mes que viene.

Aun así, los nuevos obstáculos de sus vecinos tienen nerviosa a Colombia. Un alto funcionario afirmó que la cooperación entre los países de destino inició bien, pero que ha retrocedido en los últimos cuatro meses. Recientemente, Colombia les solicitó a sus vecinos abrir un “corredor humanitario”. Ecuador aceptó dejar pasar a inmigrantes con visas para otros países. Las Naciones Unidas ha exhortado a todos los países de la región a darles a los venezolanos el estatus y los derechos de refugiados, ante la suposición de que quedarse en su país de origen los pone en peligro.

Lo único en lo que todos los países de destino están de acuerdo es en que necesitan más ayuda externa. Las Naciones Unidas ha recolectado menos de un tercio de los 738 millones de dólares que pidió en 2018, la mayoría provenientes de Estados Unidos. En la Asamblea General de la ONU de este mes, el presidente de Colombia Ivan Duque liderará una petición regional para obtener más fondos.

“Desafortunadamente, el mundo no ha visto esto como una crisis global”, afirmó David Smolansky, un alcalde venezolano exiliado que coordina el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos para Abordar la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Si América Latina quiere continuar afrontando esto de manera exitosa, eso debe cambiar.

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