Caso Odebrecht pone en evidencia violaciones de derechos a Ricardo Martinelli

La suspensión de la audiencia del caso Odebrecht, a juicio del abogado Carlos Carrillo, deja en evidencia que la jueza Baloisa Marquínez maneja un doble criterio al juzgar a una misma persona en casos distintos.

Carrillo cuestiona el hecho de que Marquínez haya expresado que no puede permitir que se haga un juicio sin contradicción cuando hace un año su postura fue totalmente contraria, estableciendo una condena “aberrante” en perjuicio del expresidente Ricardo Martinelli.

El abogado detalló que inclusive la fiscal Ruth Morcillo reconoció que si no admiten el derecho a contradicción habrá reclamos internacionales, situación que también podría suceder en el caso New Business dados los hechos.

Declaraciones que suponen un reconocimiento implícito de la “aberración judicial” dada por la misma autoridad en un caso distinto.

El jurista menciona que así como fue corregida esta falta en el caso Odebrecht debería recomponerse en New Business, por lo que, seguirán insistiendo porque en la Corte existe un recurso de inconstitucionalidad ya admitido que debe acelerar el proceso para tomar una decisión final en la acusación contra su defendido.

“Hace un año se discutía que no se necesitaban las contradicciones a los testigos protegidos, que no era necesario hacerlos comparecer, ahora, en este caso, no se ha dicho que hay un testigo protegido y la defensa lo está pidiendo”, puntualizó.

El jurista también reprochó la duplicidad existente en los sistemas, dado que, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) reconocen el principio de especialidad del expresidente, pero en el Sistema Inquisitivo, no lo hacen, particularidad que los “somete” a investigaciones irregulares.

Recalca que los acuerdos con instituciones comerciales, exfuncionarios y comerciantes han limitado que se conozcan los elementos reales del caso Odebrecht, tratando de vincular a Martinelli simplemente por ser presidente del país durante el periodo de los hechos.

Para el equipo legal del expresidente, dicha situación es “una burla” que refleja la violación de sus derechos en forma organizada.

La defensa solicita a las autoridades desarrollar el proceso en igualdad de condiciones para todos los involucrados, ya que, no puede enfocarse el escrutinio hacia una persona a la que los testigos de fondo han desvinculado del tema, afirmando que “nunca pidió un real ni ninguna donación”.