Panamá
CIDH: Justicia incurre en corrupción cuando no brinda igualdad de oportunidades a las partes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que un sistema de justicia parcializado incurre en corrupción, mientras que la defensa de Ricardo Martinelli insiste en que el expresidente es víctima de "enjuiciamiento malicioso" por parte del Ministerio Público de Panamá.
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- - Actualizado: 03/11/2021 - 07:11 am
El lunes a las dos de la tarde iniciará el alegato final de las partes en el segundo juicio por los presuntos pinchazos telefónicos. Foto:Víctor Arosemena
Amplia jurisprudencia internacional tiene la figura del "enjuciamiento malicioso" que, de acuerdo con la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, le aplica el Ministerio Público al exgobernante en el denominado caso pinchazos.
El abogado Sidney Sittón sustentó esta semana que Martinelli es víctima de "enjuciamiento malicioso", porque se le sigue un proceso sin que exista una causa penal y debido a que el Ministerio Público actúa maliciosa y premeditadamente en contra del exgobernante.
La figura no es nueva en el Derecho Internacional y existe amplia jurisprudencia al respecto.
Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha planteado que un sistema de justicia que no garantiza la igualdad de armas, el cumplimiento del debido proceso y la independencia, es un sistema corrupto.
"La corrupción (en el sistema de justicia) deriva en actos de las autoridades judiciales que constituyen violaciones a los principios de igualdad de armas y contradicción que deben uniformar los actos judiciales, esto afecta el derecho a un recurso efectivo para la protección de derechos y el derecho a ser juzgado conforme a las garantías de un debido proceso", sentencia la CIDH
La defensa de Ricardo Martinelli asegura que en el segundo juicio (doble juzgamiento) por el caso pinchazos quedó demostrado que el proceso fue armado en el Consejo de Seguridad Nacional del entonces presidente Juan Carlos Varela, utilizando estructuras del Estado para perjudicar al exgobernante.
También la defensa de Ricardo Martinelli ha presentado pruebas de cómo las evidencias de este caso fueron manipuladas y alteradas por miembros del entonces Consejo de Seguridad Nacional, con la anuencia de funcionarios del Ministerio Público, para perjudicar a Martinelli.'
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solicitudes hizo la defensa al Tribunal de Juicio sobre irregularidades de la fiscalía.
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pruebas presentó la defensa de Ricardo Martinelli.
Igualmente, sostiene que Martinelli es el único panameño que ha sido acusado y llevado a juicio sin que hubiera antes una imputación, un requisito legal imprescindible.
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El abogado Sidney Sittón agregó que el "enjuciamiento malicioso" que denuncia contra Martinelli se basa además en que al expresidente no lo investigó el juez natural.
"El Poder Judicial, en tanto poder del Estado, tiene una segunda función primordial en un Estado de Derecho, la cual radica en controlar a los otros poderes estatales como el Ejecutivo y Legislativo. En tal virtud, la corrupción en el Poder Judicial tiene un impacto directo en el sistema democrático ya que los sistemas de división de poderes o de pesos y contrapesos tienen como base que haya un control interinstitucional, donde aquellos organismos que cuentan con el mandato de controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos deben operar con apego a las normas, y no basados en intereses privados o corporativos que tienen como finalidad la obtención de beneficios personales ilegítimos de distinta naturaleza", ha expresado la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima también como actos de corrupción judicial sentencias que se alejan de lo que establecen las normas legales, la demora injustificada de los procesos, la pérdida de documentos, los tratos desiguales hacia las partes y otros actos lesivos al debido proceso.
El equipo de defensa de Ricardo Martinelli asegura que la fiscalía ha manipulado, alterado y escondido evidencias al Tribunal de Juicio Oral del caso pinchazos. Igualmente, denuncia que el gobierno de Varela "compró" al testigo protegido en este caso y presionó a otros para lograr sus objetivos.
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