Constructora Cocige debe ser investigada por irregularidades en el programa Techos de Esperanza

La empresa Construcciones Civiles Generales (Cocige), considerada dentro del círculo cero del expresidente Juan Carlos Varela, logró usar este nexo privilegiado para librarse de responsabilidades legales, a pesar de incumplir con contratos que le fueron asignados en la anterior administración.

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Cocige logró millonarios contratos en diversos sectores, pero sus mayores incumplimientos se dieron en el fracasado programa Techos de Esperanza, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), donde el entonces ministro Mario Etchelecu le dio cinco contratos directos por 58.6 millones de dólares, para la construcción de 3,000 casas.

Pero la que fuera una de las constructoras favoritas de Juan Carlos Varela incumplió en todos, y Mario Etchelecu tuvo que tramitar su inhabilitación hasta el año 2040 para contratar con el Estado.

No obstante, llama la atención que se designó al exministro del Miviot Martín Sucre, como encargado de reclamar las fianzas, pero no se abrió ningún proceso de reclamo directo contra Cocige.

¿Tuvo algo que ver la cercanía que tenían sus dignatarios con JUan Carlos Varela para evitar procesos directos?

¿Cocige será otro ejemplo de impunidad a partir del amiguismo político?

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La actual ministra del Miviot, Inés Samudio, realizó ayer un recorrido para verificar el avance del proyecto El Mastranto, en La Chorrera, donde la empresa Calypso construirá 250 viviendas, de las cuales 188 están totalmente construidas y 62 están en fundación.

Samudio anunció que las primeras 65 viviendas podrán ser entregadas a finales del mes de noviembre del presente año y el resto en mayo de 2020, ya que hay que pagar tres cuentas adeudadas desde el año 2017.

Al respecto, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, expresó que el Gobierno anterior nunca debió licitar con empresas como esta y otras, con familiares o amigos dentro de la estructura estatal. "Jamás se debió caer en el tráfico de influencias ni en conflicto de intereses".

Y consideró que frente a incumplimientos también "deben ordenarse procesos judiciales".

Con este punto coincide el abogado y exvicepresidente Arturo Vallarino, quien dijo que está bien pedir las fianzas, "pero además deben investigarse las responsabilidades penales que pudieran aplicar".

Y la economista Maribel Gordón lamentó que siga "prevaleciendo en Panamá la impunidad", y extendió la responsabilidad de esto al papel fiscalizador que debió ejercer la Contraloría de la República.

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