La fiscalía y los querellantes le apuestan nuevamente al "testigo protegido", cuyo testimonio en el juicio oral dejó en evidencia presiones, prebendas y violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, en su afán de revertir el fallo de no culpabilidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli.

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En sus recursos de anulación y casación, la fiscalía y los querellantes sostienen que el Tribunal de Juicio Oral no valoró correctamente el testimonio del testigo protegido 8430185 y que eso trastocó el veredicto.

En su sentencia, el Tribunal de Juicio Oral cuestionó duramente al testigo protegido y lo calificó como "testigo sospechoso" por las circunstancias que rodearon su participación como denunciante del caso y la forma como pasó de ser un cabo que ganaba $800 mensuales a casi $10 mil en un puesto en Washington, destinado solo para subcomisionados o comisionados de la Policía Nacional.

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Además, el testigo protegido admitió bajo juramento que el propio presidente Juan Carlos Varela y el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, ambos enemigos probados de Martinelli, lo interrogaron previamente e incentivaron a presentar la denuncia del caso.

El Tribunal de Juicio, en su sentencia, advirtió que el Ministerio Público incurrió en violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y al derecho a la defensa al permitir que Varela y López realizaran actividades que solo pueden hacer funcionarios de instrucción.

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Incluso, otros testigos afirmaron que el testigo protegido les confesó que estaba asustado y que recibía presiones de altos funcionarios para declarar en contra de Martinelli.'

12.5

veces se incrementó el salario del "testigo protegido".

800

dólares ganaba en calidad de cabo de la Policía y se le subió a unos $10 mil.

Durante el juicio oral la fiscalía aseguró que no sabía quién era el testigo protegido, pero después se comprobó que se habían reunido con él en Washington (Estados Unidos).

Se estableció durante la audiencia que el supuesto testigo protegido se reunió con el presidente Juan Carlos Varela y que fue inducido a presentar la querella.

La defensa del expresidente no ha descartado la posibilidad de solicitar que se investigue al "testigo protegido", aunque estima que, en primera instancia esa es una obligación del Ministerio Público.

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Este testigo también incurrió en graves contradicciones al relatar cómo obtuvo la información que presentó como prueba para sustentar su denuncia y al final quedó en evidencia que los datos fueron guardados en una computadora que le proporcionó López y que era de su propiedad.

López, durante su comparecencia en el juicio, divagó sobre por qué le proporcionó la computadora al testigo protegido, por qué lo interrogó antes de que este interpusiera la denuncia y por qué su subalterno fue asignado a un puesto que no le correspondía con un salario exageradamente superior.

En el juicio quedó registrado igualmente que el testigo protegido no solo usurpa un puesto diplomático que no le corresponde, sino que el Ministerio Público violó el procedimiento legal requerido para enviarlo al extranjero.

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Por ejemplo, el artículo 332 del Código Penal contempla 11 medidas de protección para los testigos protegidos, pero el Ministerio Público se saltó 10 y envió directamente al testigo protegido al extranjero con un aumento de salario de 12.5 veces de un plumazo y la designación en un puesto que no le corresponde.

Igualmente, normas internacionales que regulan esta materia señalan que los testigos protegidos que sean enviados al extranjero deben gozar de una vivienda digna y de un salario cónsono con sus necesidades.

Agregan que darle menos que esto sería vulnerar sus derechos y darle más podría interpretarse como un pago por su testimonio, lo que se podría compaginar con el aumento de 12.5 veces que recibió el testigo protegido en el caso Martinelli.

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Uno de los abogados de Martinelli, Alfredo Vallarino, señaló que el argumento de la fiscalía y los querellantes de que el Tribunal de Juicio no valoró bien el testimonio del testigo protegido no es correcto, al contrario, fue tan bien valorado que dejó en evidencia cómo se armó el caso contra el expresidente con base en ilegalidades y violaciones.