Demandarán Ley sobre facturación electrónica

Diversos grupos de profesiones liberales, incluidos los abogados, se encuentran en pie de guerra debido a la implementación, por parte del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, de la ley que los incluye en el uso de la Factura Electrónica.

A raíz de esta situación, diferentes organizaciones de profesionales estarán presentando mañana, lunes, una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el Colegio Nacional de Abogados (CNA) y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, sobre medidas tributarias, contiene un grave atentado contra el ejercicio de la libre profesión, algo que está contemplado en el Artículo 40 de la Constitución, por lo que han decidido rechazarla y tomar las acciones legales pertinentes.

"Esta decisión, se fundamenta en el hecho de que la norma tributaria citada es inconstitucional, inconsulta, inconveniente, selectiva, y a espaldas de los profesionales idóneos, de las diferentes ciencias de nuestro país, que hoy en día, se debaten en una crisis, agudizada ahora por la pandemia; muchos de ellos han tenido que cerrar sus oficinas, refugiarse en sus casas o dedicarse a otras actividades para sobrevivir y ahora son amenazados con medidas, hasta de cierre de sus oficinas, lo cual es inconstitucional", indica el comunicado de los gremios.

Agregan que está norma tributaria "impositiva y autoritaria" violenta el ejercicio de las profesiones liberales y, además, la consideran como una medida desesperadas contra los panameños que trabajan para sobrevivir diariamente.

Añaden que la misma busca beneficiar a unas cuatro empresas, que son las únicas autorizadas y registradas para brindar este servicio, lo cual les genera sospechas "en torno a que parecer ser un abierto negociado a costilla de los profesionales panameños".

"Otro aspecto que deseamos resaltar es la violación a la confidencialidad cliente-profesional, en todas sus ramas, este espacio de intimidad entre el profesional y el solicitante de un servicio, se ve vulnerado en la medida en que las autoridades obliguen al profesional a generar un documento que reporte de forma automática, el negocio o asunto que tratan, el cual lejos de reforzar la tributación y el pago de impuestos, fomentan la clandestinidad", sentenció.

En razón de esto, los grupos profesionales del país le están solicitando al Gobierno que detenga la implementación de dicha ley y proceda a derogarla.

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Ante esta iniciativa implementada por las autoridades diversos abogados del país alzaron su voz de rechazo.

El catedrático Miguel Antonio Bernal indicó que está iniciativa de facturación electrónica no es más que un claro asalto a los ciudadanos y profesionales del territorio nacional.

"La pretendida facturación electrónica de la DGI es una alerta de un abierto asalto a los ciudadanos y profesionales de todo el país. Hay que protestar, ya está bueno de dejarlos robar", sentenció.

Por su parte, el abogado Roberto Ruiz Díaz dijo que el objetivo de esta ley es saber cuánto gasta.

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"Fin final de la factura electrónica de la Dirección General de Ingresos es saber cuánto gasta y gana el contribuyente independiente, para hacer match con declaración de renta. Pero ¿qué sucede con los funcionarios que no declaran y gastan más de lo que ganan?. Preguntas necias de año viejo", expresó.

Los profesionales liberales asistirán mañana, lunes, a las 11:00 a.m. a presentar su demanda contra este tema en la Corte.

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