Exigen al procurador Eduardo Ulloa ampliar investigación contra la fiscal Zuleyka Moore

El abogado Roberto Ruíz Díaz, en representación del empresario ecuatoriano Fredy Barco Vera, solicitó al procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, que investigue a la fiscal Zuleyka Moore, también por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de infracción de los deberes de los funcionarios públicos.

Ulloa, a mediados de agosto, admitió una querella penal contra la exfiscal anticorrupción, por el supuesto delito contra la libertad individual, esto luego de ordenar fuera de término la detención de Barco Vera dentro del caso de la constructora Odebrecht.

Sin embargo, luego de más de tres meses de esta admisión, el procurador aún no ha formalizado la imputación de los cargos contra Moore, a pesar de contar con los elementos de convicción del caso.

Según el querellante, el nuevo supuesto delito cometido por Moore y por el cual pide su separación del cargo, se fundamenta en el artículo 356 del Código Penal que indica que: "El servidor público que, ilegalmente, rehusé, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año, o su equivalente en días multa, o arresto de fines de semana".

Añade que la sanción se aumentará de un tercio a la mitad, cuando la omisión se dé en los casos que son ordenados por una autoridad competente, como fue el caso de Moore.

De acuerdo con el querellante, se hace necesario que se dé esta investigación por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de infracción de los servidores públicos, por negarse a dejar sin efecto los oficios dirigidos a la Dirección de Investigación judicial (DIJ), Policía Nacional y Servicio Nacional de Migración emitidos contra Barco.

Ruíz Díaz agregó que el expediente que contiene la acción de Habeas Corpus y en donde reposa la sentencia respectiva, dejó claramente establecido el abuso en la medida adoptada por Moore, al realizarla de forma "ilegal" y a sabiendas que se hacía fuera de los términos legales.

"De ahí que al declarar que fue ilegal la orden de detención emitida por Zuleyka Moore, se reconoce que la misma estaba viciada y por ende se constituye en la prueba sumaria, a fin de que la misma sea objeto de una apertura de causa criminal, mediante la audiencia de imputación de cargos respectivos y su posterior condena", expresó.

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Añade el defensor que una vez Moore conoció de la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se declaró ilegal la detención del empresario ecuatoriano, la exfiscal debió anular los oficios girados contra este, sin embargo, no lo hizo.

Sumado a esto, Ruíz Diaz indicó que el pasado 19 de febrero presentó un escrito que fue recibido por la licenciada Nixia Aizpud, secretaria judicial de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, el mismo fue ignorado.

En razón de estas situaciones, el jurista presentó ante la CSJ un incidente de desacato que obligó que se emitieran los oficios correspondientes el pasado 12 de octubre, en donde se dejó sin efecto las restricciones contra Barco Vera.

Notificación
El empresario ecuatoriano acudió personalmente a dicha ampliación, toda vez que no había sido notificado de la admisión de la querella en agosto pasado, siendo este un requisito indispensable para la validez y formalidad de la etapa de investigación, previa a la imputación de cargos de Moore, aseguró Ruíz Díaz.

"Con esta ampliación se acredita el posible delito de infracción de los deberes del funcionario, pues la fiscal Moore hizo caso omiso a la orden de la Corte de liberar al señor Barco y mantuvo, en forma dolosa los oficios con órdenes de detención", explicó.

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Agregó que Moore hizo estas actuaciones aún cuando hubo una petición de la defensa de que en virtud del fallo de la Corte, levantara dichas medidas cautelares, y no lo hizo.

"Incluso fue trasladada hacia el Ministerio Público en Panamá Oeste y quedó pendiente dejar sin efecto los oficios, demostrando la mala fe y el dolo de su actuación", dijo.